La Justicia Federal investiga una denuncia por presuntas irregularidades en la generación, autorización y cobro de prestaciones médicas destinadas a afiliados del PAMI en Tierra del Fuego. La presentación comprende estudios de fertilidad, prácticas de biofeedback anorrectal, análisis de laboratorio, servicios oftalmológicos, intervenciones de quirófano y códigos vinculados con urología.

El gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho, impulsor de la denuncia, estimó que el perjuicio económico detectado solamente dentro del centro médico MEDICI podría acercarse a los $500 millones. Sin embargo, aclaró que el monto definitivo deberá establecerse mediante auditorías y peritajes, debido a que la investigación abarca otros servicios y posibles responsables.

Según explicó en FM La Isla, la documentación incorporada a la causa permitiría seguir el recorrido completo de las prestaciones observadas: desde la emisión de las órdenes electrónicas hasta su validación, facturación y posterior cobro. “Yo tengo las facturas, por eso sé que lo pagaron. Se validaba, se transmitía, se facturaba y se cobraba”, afirmó.

Uno de los hechos denunciados corresponde a estudios de fertilidad indicados a mujeres mayores de 60 años. “No vas a hacerle a una mujer de 60 años un estudio para que quede embarazada”, cuestionó el médico, quien consideró que la falta de controles permitió que órdenes médicamente incompatibles avanzaran dentro del sistema.

La presentación también incluye prácticas de biofeedback anorrectal que habrían sido facturadas pese a que, de acuerdo con Mariño Camacho, no existía en la provincia el equipamiento indispensable para realizarlas. “El biofeedback es un aparato que acá en la isla no existe. Es básico”, sostuvo. Añadió que esa ausencia habría sido constatada por el área de fiscalización sanitaria en los establecimientos examinados.

El profesional contó que comenzó a revisar la situación después de que el entonces auditor local del PAMI, Juan Silvente, le comunicara que dejarían de autorizarse esos estudios porque aparecían asociados al módulo de gastroenterología bajo su responsabilidad. La advertencia despertó sus sospechas, ya que aseguró que su servicio nunca efectuó ese procedimiento.

A partir de allí, afirmó haber detectado que las prácticas figuraban a nombre de otros profesionales y que se habría simulado su realización. “Ahí empiezo a investigar y me entero de que los biofeedback eran realizados por un grupo de urólogos, que en realidad no realizaban el estudio, realizaban una simulación para justificar que hacían algo”, manifestó.

Mariño Camacho indicó que la primera denuncia fue presentada en octubre de 2025, pero aseguró que las órdenes relacionadas con biofeedback continuaron generándose hasta julio de 2026. Para el denunciante, esa continuidad evidencia que los mecanismos de fiscalización no reaccionaron a tiempo pese a las advertencias y la documentación aportada.

“Falló la cadena de auditoría, falló la cadena de contrataciones, falló la prestación, falló el pago. Falló todo”, resumió. También señaló que la reiteración de numerosos estudios similares debió activar controles internos: “Una cosa es que se te pase una orden, no se te van a pasar cien. Si ves cien estudios, tenés que levantar la oreja”.

De acuerdo con su testimonio, los pagos habrían ingresado al centro médico MEDICI y posteriormente se habrían distribuido dentro del sistema de prestaciones. No obstante, será la investigación judicial la que deberá comprobar cómo funcionaba ese mecanismo, si las prácticas fueron efectivamente realizadas y quiénes intervinieron en cada instancia.

Entre las personas y entidades mencionadas en la presentación aparecen MEDICI, el médico Rolando Sosa, un urólogo del CEMEP y el exresponsable del PAMI en Tierra del Fuego, Fernando Polici. Su inclusión en la denuncia no implica responsabilidad penal comprobada, cuestión que deberá determinar la Justicia Federal.

“La Justicia siempre fue el fin. Lo hicimos público porque ya no encontrábamos otra manera”, expresó Mariño Camacho. El profesional anticipó que continuará solicitando auditorías y aportando antecedentes, al considerar que los casos descubiertos podrían representar apenas una parte de un circuito más extenso. “Esto es una caja de Pandora”, advirtió.