La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con respaldo del Gobierno nacional, presentó una demanda judicial para recuperar más de $1.000 millones correspondientes a una jubilación de privilegio que habría sido percibida indebidamente por una exfuncionaria con condena firme por delitos de corrupción.

Según se informó oficialmente, el reclamo se basa en la normativa vigente que impide otorgar beneficios previsionales especiales a personas condenadas por delitos contra la administración pública. El beneficio en cuestión fue revocado en noviembre de 2024 mediante la resolución 1092/2024, lo que implicó un ahorro estimado de $21,8 millones mensuales para el Estado.

La demanda fue presentada ante la justicia civil y tiene como objetivo recuperar los fondos abonados desde que se otorgó el beneficio hasta su anulación. Desde el organismo previsional sostienen que no corresponde mantener regímenes especiales de jubilación para quienes hayan sido condenados por actos de corrupción.

Este reclamo se suma a otras acciones similares impulsadas contra exfuncionarios en situación judicial comparable. Entre ellos se incluye el caso de un exvicepresidente, por quien se reclama una suma superior a los $236 millones.

Desde ANSES remarcaron que estas acciones buscan garantizar un uso responsable y legal de los recursos públicos, en línea con lo establecido por la ley en materia previsional.