El presidente de la Asociación de Colegios Públicos de Gestión Privada de Tierra del Fuego, Alberto Cabral, manifestó su malestar por la resolución firmada por el ministro de Educación, Pablo López Silva, que establece una asignación remunerativa únicamente para docentes del ámbito estatal. Desde el sector privado advierten que la medida genera una diferencia salarial prohibida por la Ley 749 y afecta de manera directa a unos 2.000 docentes y 11.000 estudiantes en toda la provincia.

En declaraciones al programa “Buscando el Equilibrio”, Cabral señaló que “nos encontramos en una situación no esperable, menos a esta altura del año”. Recordó que durante 2024 y 2025 el vínculo con las autoridades provinciales había sido positivo, con “un muy buen entendimiento, tanto con el Ministro de Economía como con el Ministro de Educación y el equipo de educación privada”, motivo por el cual la reciente decisión del Ejecutivo resultó “sorpresiva”. Aclaró que siempre trabajaron en el marco de la Ley 749, que establece la obligación de equiparar condiciones salariales entre docentes estatales y los de gestión privada.

Al explicar el origen del conflicto, recordó que se firmó un acta paritaria el 30 de octubre entre el Gobierno provincial y el gremio docente, posteriormente homologada y ratificada por las autoridades correspondientes. Ese acuerdo incorporaba una asignación remunerativa que, según explicó, “no es un porcentual del básico, sino que lo establecen como una asignación por horas, un esquema distinto, pero que es remunerativo”. Sin embargo, la controversia surgió cuando, según describió Cabral, “este miércoles salió la resolución del Ministro de Educación, donde dice que eso es exclusivamente para los docentes estatales. E incluso sale el listado especificando que todas las unidades educativas estatales van a percibir esa asignación”.

Cabral remarcó que la medida contradice lo establecido por la normativa vigente, recordando que “la ley 749 establece que los docentes dependientes de los colegios públicos de gestión privada deben percibir exactamente en condiciones iguales a lo que percibe el docente de la gestión estatal”. A eso agregó que “acá no existen dos sistemas educativos. El sistema educativo es uno solo”.

Según explicó, la asignación equivale aproximadamente al 5% del sueldo docente, porcentaje que varía según la antigüedad, y que el sector estatal cobrará con el salario de noviembre. En cambio, las instituciones privadas deberán informar a sus docentes que ese monto no será percibido, lo que genera malestar inmediato y profundiza la desigualdad mes a mes, ya que la asignación también impactará sobre el aguinaldo y los sueldos siguientes. Además, señaló que el mecanismo habitual de pagos del aporte estatal tampoco pudo activarse debido a la misma resolución.

Cabral confirmó que ya iniciaron gestiones ante el Ministerio de Educación y que esperan una respuesta. El asesor legal de la entidad les indicó que existen alternativas judiciales, incluso la posibilidad de accionar penalmente por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, además de reclamos civiles vinculados al aporte financiero estatal. De todos modos, el dirigente expresó su intención de evitar llegar a ese punto y apostó al entendimiento.

Respecto al diálogo con el Gobierno, mencionó que hubo contactos informales y que “el Ministro de Educación me expresó que él iba a hablarlo con el Gobernador”, lo que consideró un gesto positivo. Aunque evitó señalar responsables, sostuvo que “el que firma la resolución es el ministro, pero entiendo que habrá una decisión política y deliberaciones detrás”.

El impacto, dijo, no es solo administrativo: afecta al clima institucional de cada establecimiento y genera tensiones en las comunidades educativas, especialmente en un contexto económico complejo donde “el docente está contando con ese fondo para llegar a fin de mes”. Recordó que el sector ya atravesó situaciones similares y por eso insistió en que es necesario que las decisiones oficiales sean tomadas con razonabilidad.

Cabral detalló que los colegios privados reúnen cerca de 11.000 estudiantes y unos 2.000 docentes, lo que representa aproximadamente un cuarto de la matrícula provincial. Subrayó que cumplen con el calendario escolar y que la resolución afecta a trabajadores que mantienen todas sus obligaciones al día.

Afirmó que hasta el 30 de noviembre la situación estaba completamente regularizada, por lo que la medida representa un retroceso. Recordó también que existen fallos judiciales previos que respaldaron a los colegios privados frente a decisiones similares de gestiones anteriores, demostrando que la Ley 749 ya fue defendida incluso ante la Justicia.

Explicó que la asociación reaccionó de inmediato ante el conflicto y celebró una reunión extraordinaria para analizar el escenario. Indicó que la preocupación es uniforme en todas las instituciones, ya que la afectación es generalizada y se conoce por experiencias pasadas cuál es el impacto sobre docentes y estudiantes.

Finalmente, Cabral advirtió que el panorama actual genera inquietud tanto en las instituciones como en las familias, y remarcó que se trata de una decisión del Gobierno provincial con consecuencias directas en un sector que comprende a 11.000 alumnos y 2.000 docentes.