El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia estableció que el próximo 18 de mayo comenzará el juicio oral y público contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, junto a otros imputados, en el marco de una causa por presuntas estafas vinculadas a un plan habitacional.

La investigación gira en torno al proyecto que dio origen al barrio de las 128 viviendas impulsado por el gremio, donde, según la acusación, se habría cobrado dinero a vecinos con la promesa de acceder a una vivienda.

De acuerdo al expediente judicial, las maniobras habrían consistido en ofrecer la inclusión en listados de beneficiarios a cambio de pagos, generando expectativas de obtener la casa propia dentro de ese plan habitacional.

En total, la causa reúne 22 hechos que fueron encuadrados como estafas, todos relacionados con personas que habrían entregado dinero sin obtener finalmente la vivienda prometida.

Entre los acusados figura también Miguel Ángel Arana, quien se desempeñaba en el área de Vivienda del sindicato. La fiscalía sostiene que Córdoba no habría sido ajeno a la operatoria, ya que habría realizado gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda y recibido reclamos de afiliados.

Según la reconstrucción del caso, el IPV se limitaba a verificar requisitos formales de los postulantes, en un esquema en el que la intermediación quedaba en manos de organizaciones sindicales y sociales, lo que habría reducido los controles.

Además de las estafas, los imputados enfrentan cargos por administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos, delitos que serán analizados durante el desarrollo del debate oral.

La causa también incluye a Erik Enrique Moscoso Panozo, quien será juzgado por presunto lavado de activos, ya que parte del dinero obtenido habría sido utilizado para adquirir maquinaria y conformar una empresa.

En relación a ese tramo de la investigación, previamente otros imputados lograron desvincularse tras acordar una reparación económica con el Estado, lo que incluyó la entrega de bienes. Sin embargo, ese acuerdo generó cuestionamientos, especialmente por la falta de intervención del IPV en esa instancia.

El monto total del perjuicio estimado supera los 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, correspondientes a sumas abonadas por los damnificados antes de 2018, cuando comenzaron a radicarse las denuncias.

Si bien el inicio del juicio está previsto para mayo, su realización aún depende de una resolución pendiente de la Cámara de Apelaciones, que debe expedirse sobre un pedido de suspensión del proceso presentado por las defensas.