La investigación por la muerte de Tayron Villalba Villegas sumó un nuevo planteo judicial por parte de la familia. La querella presentó un escrito en el que solicitó ampliar la imputación penal a una segunda médica, avanzar con nuevas medidas de prueba y adecuar formalmente la carátula de la causa a homicidio culposo, figura prevista en el artículo 84 del Código Penal.

La presentación se realizó luego de conocerse el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del niño. Según ese estudio, Tayron murió por un shock séptico producto de una neumonía, en un cuadro agravado por la deshidratación generada por una gastroenteritis.

El dato resulta clave para la familia, ya que durante las consultas previas al fallecimiento el niño había sido atendido por un cuadro gastrointestinal, mientras que la neumonía y el shock séptico aparecen ahora como elementos centrales para explicar el desenlace. Además, el certificado de defunción con el que fue enterrado no consignaba una causa de muerte, situación que había sido cuestionada desde el inicio por sus padres.

De todos modos, la autopsia aún tiene carácter preliminar. El informe solicitó estudios bacteriológicos y virológicos complementarios, cuyos resultados podrán ampliar, confirmar, rectificar o complementar las conclusiones alcanzadas hasta el momento.

Uno de los puntos principales del escrito presentado por el abogado de la familia es el pedido para imputar a otra médica de apellido García. Según sostiene la querella, la profesional figura como suscriptora electrónica de documentación correspondiente a la historia clínica de Tayron.

Para los abogados, esa firma implicaría asumir responsabilidad sobre lo asentado en la documentación médica. En ese marco, cuestionan presuntas deficiencias en el registro de guardia y en la confección de la historia clínica, además de plantear que no se habrían seguido recomendaciones vinculadas con síntomas compatibles con cuadros de mayor gravedad, entre ellos una posible sepsis.

De esta manera, la querella busca ampliar el universo de profesionales investigados. A la intervención inicial de la médica Bellottini, quien fue la primera en atender al niño en la guardia y cuya actuación ya se encontraba bajo análisis, pretende sumar ahora a García por su participación documental en la historia clínica.

El planteo también apunta a reconstruir cómo funcionaba la guardia pediátrica del Hospital Regional Río Grande durante los días en que Tayron fue atendido. La familia solicitó identificar a todos los médicos y enfermeros de guardia los días 19 y 20 de agosto, conocer su modalidad de contratación, antigüedad, cantidad de profesionales afectados al sector y volumen de pacientes atendidos.

Además, pidió información sobre los insumos disponibles para estudios diagnósticos, los horarios de funcionamiento del laboratorio de guardia y qué determinaciones podían realizarse en la franja horaria en la que el niño fue asistido.

Otro de los requerimientos apunta a conocer la cantidad de casos de neumonía, gastroenteritis, deshidratación, sepsis y shock séptico atendidos en Pediatría durante junio, julio y agosto, además de los fallecimientos pediátricos registrados en el hospital durante los últimos dos años.

La querella también solicitó los registros de admisión y triage correspondientes a las dos consultas de Tayron, realizadas los días 19 y 20 de agosto. En particular, busca determinar qué categoría de riesgo se le asignó, quién realizó esa evaluación y cuáles fueron los criterios utilizados.

En paralelo, reclamó las planillas de administración de medicamentos y documentación de Farmacia, con un pedido específico para establecer si la metoclopramida, conocida comercialmente como Reliverán, formaba parte del esquema terapéutico institucional para pacientes pediátricos y cuáles eran sus restricciones de edad o dosificación.

Otro punto incorporado en la presentación es el pedido de una auditoría informática completa de la historia clínica. La querella pretende conocer quién creó, consultó, modificó o suscribió cada registro, desde qué terminal y en qué momento, incluyendo eventuales modificaciones posteriores.

También requirió que el Hospital Regional Río Grande informe si, tras la muerte de Tayron, se abrió un sumario administrativo, una investigación interna, un análisis de evento centinela o si intervino algún comité de seguridad del paciente, calidad o ética. En caso de existir actuaciones internas, solicitó que sean incorporadas a la causa.

Finalmente, los abogados pidieron que la investigación quede formalmente caratulada como homicidio culposo derivado de una presunta mala praxis médica. Según indicaron, esa calificación ya había sido propuesta de manera provisoria por el fiscal Martín Bramati en su requerimiento de instrucción del 24 de agosto.

La querella también solicitó acelerar medidas que considera pendientes, entre ellas declaraciones testimoniales, la extracción forense del contenido del teléfono de la madre, una pericia médico-legal integral de toda la documentación clínica y la conformación de una junta médica interdisciplinaria.

Con este nuevo planteo, la familia busca ampliar la investigación no sólo sobre las responsabilidades individuales, sino también sobre las condiciones de funcionamiento de la guardia pediátrica y el circuito de atención que recibió Tayron antes de su fallecimiento.