El próximo lunes 18 de mayo comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra dirigentes vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acusados de participar en una causa por presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

El proceso judicial avanzará luego de que el Tribunal rechazara distintos planteos presentados por las defensas, por lo que los imputados deberán comparecer en debate oral ante los magistrados.

Entre los acusados se encuentran el secretario general del gremio, Carlos Córdoba, y Miguel Ángel Arana, quien se desempeñaba en el área de Vivienda del sindicato. Según la investigación, varias personas habrían entregado dinero con la expectativa de acceder a una vivienda mediante gestiones supuestamente vinculadas a planes habitacionales.

De acuerdo a la acusación fiscal, Arana habría mantenido contacto directo con quienes luego denunciaron haber sido perjudicados, recibiendo importantes sumas de dinero bajo diferentes conceptos vinculados a trámites y adjudicaciones. En tanto, la Justicia también atribuye responsabilidad a Córdoba al considerar que existieron intervenciones y gestiones administrativas relacionadas con los casos investigados.

La causa reúne 22 hechos denunciados antes de 2018, cuando comenzaron a presentarse las primeras actuaciones judiciales tras incumplirse las promesas de entrega de viviendas. Los informes incorporados al expediente estiman que el perjuicio económico total supera los 8 millones de pesos y ronda los 52 mil dólares.

Además, el juicio incluirá el análisis de la situación procesal de Erik Enrique Moscoso Panozo, imputado por presunto lavado de activos. La investigación sostiene que parte del dinero obtenido habría sido utilizado para inversiones vinculadas a maquinaria vial.

Por otra parte, la causa tuvo derivaciones previas en torno a acuerdos de reparación económica celebrados con el Estado provincial, aunque el debate principal continuará enfocado en las acusaciones de estafa, administración fraudulenta y falsificación ideológica.

El Instituto Provincial de Vivienda participará del juicio en calidad de querellante y buscará sostener las acusaciones durante el desarrollo de las audiencias.