El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se expidió en una causa vinculada a la demora en el otorgamiento de una pensión por discapacidad solicitada por una vecina de la provincia, quien debió recurrir a la vía judicial luego de permanecer más de un año sin recibir una respuesta por parte de la administración pública.

Ante la falta de resolución administrativa, la mujer promovió una acción de amparo con el objetivo de obtener una definición sobre su trámite. Durante el desarrollo del proceso judicial, el Estado provincial finalmente resolvió el pedido, por lo que el Tribunal entendió que el conflicto había perdido actualidad.

No obstante, en su análisis los magistrados remarcaron que la demora en responder por parte del Estado resultó injustificada y que la solicitante se vio obligada a acudir a la Justicia para lograr una definición respecto de su solicitud.

En el fallo también se puso de relieve la condición de vulnerabilidad de la mujer, al tratarse de una persona con discapacidad, subrayando que en estos casos el Estado debe actuar con mayor celeridad y brindar respuestas oportunas.

En ese marco, el Tribunal resolvió que la Provincia asuma las costas del proceso judicial, al considerar que la tardanza de la administración fue la que generó la intervención de la Justicia.

Asimismo, se dispuso la regulación de los honorarios del abogado que representó a la amparista, destacando que su actuación profesional fue clave para que la solicitante finalmente obtuviera la pensión, aun cuando la resolución administrativa se dictó fuera del expediente judicial.

El pronunciamiento judicial enfatiza la necesidad de que los organismos estatales garanticen el acceso efectivo a los derechos dentro de plazos razonables, advirtiendo que las demoras administrativas pueden tener consecuencias, especialmente cuando involucran a personas en situación de vulnerabilidad.