En la Argentina, se estima que por cada 1.000 abusos sexuales solo 100 son denunciados y apenas uno llega a condena. Sin embargo, la atención pública se concentra en un fenómeno que, aunque estadísticamente minoritario, genera controversias profundas: las denuncias falsas, especialmente en el contexto de disputas familiares.
El caso del médico Pablo Ghisoni, que estuvo tres años preso por una denuncia de abuso sexual que luego se demostró falsa, reavivó la discusión. Hoy, la Justicia investiga si existe una red de abogados y peritos que podría haber participado en la fabricación de acusaciones infundadas en el marco de divorcios conflictivos y disputas por la tenencia de hijos.
Dos proyectos en el Congreso buscan agravar las penas
Frente a este contexto, se presentaron dos proyectos de ley: uno de la senadora Carolina Losada (UCR) y otro de la diputada Lilia Lemoine (LLA), que proponen aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y menores de edad.Desde distintos sectores del ámbito judicial y de organizaciones de derechos de la infancia, advierten que una legislación más dura en esta materia podría tener efectos adversos: desalentar las denuncias legítimas por temor a represalias, revictimizar a niños y niñas, y afectar la producción de pruebas clave.
Estadísticas: entre la impunidad y la desconfianza
De acuerdo al Ministerio Público Fiscal y a estudios forenses, solo entre el 2% y el 4% de las denuncias por abuso sexual resultan ser falsas, y esa cifra apenas se eleva al 6% en casos de divorcio conflictivo. Sin embargo, el 60% de las denuncias que involucran a niños menores de cinco años se archivan sin que se realicen pruebas, lo que habla de una debilidad estructural en la investigación judicial.“La mentira no tiene género, y la falsa denuncia tampoco”, señaló la senadora Losada, quien sostuvo que se busca proteger a los verdaderos damnificados y evitar que se utilice la Justicia como herramienta de venganza o manipulación. Pero desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) alertan que el proyecto “refuerza estigmas sobre las víctimas y desalienta las denuncias legítimas”.
Un equilibrio delicado
Paula Watcher, directora de la ONG Red por la Infancia, sostuvo que los proyectos generan un dilema ético y legal: “Si la denuncia resulta desestimada, quien denunció podría ser sancionado. Eso desincentiva denunciar. Pero si no se denuncia, se incurre en complicidad. Y en el medio queda un niño o niña sin protección”.Sebastián Quatrouomo, de la organización Adultos por los Derechos de las Infancias, subrayó que las denuncias se hacen sobre sospechas, no certezas, y que es la Justicia la encargada de investigar, no el denunciante quien debe probar el hecho.
Especialistas como la psiquiatra Virginia Berlinerblau y el psicoanalista Juan Tesone coinciden en que muchas denuncias que no prosperan no son falsas, sino que no logran ser probadas por las características propias del abuso sexual infantil, donde muchas veces no hay testigos ni evidencia física.
El peligro de los discursos reaccionarios
El auge de los discursos sobre falsas denuncias también es observado en otros países de la región. En Uruguay, Chile y España, el tema ha sido utilizado por sectores conservadores para impulsar cambios legales que, según expertos, buscan deslegitimar denuncias reales y restar fuerza a los avances en políticas de género.En Argentina, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) —una figura sin validación científica— es aún invocado en algunos fallos judiciales y discursos políticos. La OMS y la Asociación Americana de Psicología han rechazado su validez.
Una discusión compleja que exige reformas estructurales
El debate sigue abierto y crece con fuerza, impulsado tanto por casos reales de inocentes afectados por falsas acusaciones, como por la necesidad urgente de proteger a víctimas reales de abuso, en un sistema judicial que todavía presenta graves deficiencias en la investigación, el acceso a la verdad y la reparación.Para muchos especialistas, el foco debe estar en mejorar la capacitación de jueces y fiscales, robustecer las pericias interdisciplinarias y garantizar los derechos de todas las partes, sin que eso implique restringir el derecho a denunciar o generar miedo en quien acude a la Justicia.
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