El juicio por la presunta estafa vinculada a adjudicaciones habitacionales del barrio Barrancas del Río Pipo ingresó en su etapa decisiva luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara condenas de prisión para dos dirigentes sindicales de ATE Ushuaia acusados de participar en maniobras irregulares relacionadas con el acceso a viviendas sociales.

Durante su alegato, el fiscal Daniel Curtale pidió una pena de cuatro años de prisión para el secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y para Miguel Arana, al considerar acreditados 22 hechos de estafa. Según la hipótesis de la acusación, las maniobras consistían en ofrecer lugares en listados de adjudicación habitacional a cambio de dinero, vehículos, cheques y otros bienes.

La investigación se centra en hechos denunciados antes de 2018 y surgió a partir de personas que aseguraron haber entregado importantes sumas económicas con la expectativa de acceder a viviendas correspondientes al plan “128 Viviendas”, impulsado en el barrio Barrancas del Río Pipo. La causa sostiene además que las presuntas ofertas alcanzaban incluso a personas que no pertenecían al gremio estatal.

En el desarrollo del debate oral, uno de los testimonios que generó mayor impacto fue el de Miguel Arana, quien señaló a Córdoba como el principal responsable de las operaciones investigadas. Según declaró ante el Tribunal, actuaba siguiendo instrucciones y parte del dinero obtenido era trasladado al domicilio del dirigente sindical. También aseguró haber entregado importantes sumas vinculadas a varias adjudicaciones.

A lo largo del juicio declararon además distintos damnificados que describieron cómo entregaron dinero, vehículos y otros bienes con la esperanza de acceder a una vivienda que finalmente nunca les fue otorgada. Algunos testimonios indicaron que los pagos eran asociados directamente a integrantes de la conducción gremial.

La Fiscalía sostiene que la maniobra habría generado una recaudación superior a los ocho millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares, montos que representaban cifras significativas al momento de los hechos investigados.

En paralelo, Curtale solicitó la absolución por el beneficio de la duda para Eric Moscoso Panozo, quien estaba imputado por lavado de activos en una causa vinculada a presuntas operaciones realizadas con fondos que habrían surgido de las maniobras bajo investigación.

Tras los alegatos del Ministerio Público será el turno de las defensas y posteriormente el Tribunal deberá dictar sentencia. La resolución definirá la situación judicial de los imputados en una causa que se convirtió en uno de los expedientes más resonantes de los últimos años en la provincia por su impacto social y por la relevancia de los dirigentes involucrados.