Durante la primera jornada del juicio oral, el fiscal Jorge López Oribe expuso con detalle la acusación contra Mía Martina Villanueva y Dilan Catriel Blanco, a quienes imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el vínculo, la alevosía, el concurso premeditado de dos o más personas y la intervención de un menor de edad. En su alocución, el representante del Ministerio Público reconstruyó cronológicamente lo sucedido el 11 de junio de 2023, destacando la planificación previa, la brutalidad del ataque y la intención homicida detrás del accionar de los acusados.

López Oribe subrayó que el hecho no fue producto de una reacción espontánea o una pelea fortuita, sino de un plan meticuloso ideado con antelación por los imputados, quienes se valieron de artimañas y engaños para llevar a la víctima hasta el lugar del ataque. Según relató, Villanueva utilizó la cuenta de Instagram de Sebastián Santander —un menor inimputable y expareja de Ortigoza— para contactarlo y citarlo en un descampado en la zona del ex frigorífico CAP. La joven incluso habría solicitado la contraseña de la cuenta para poder escribir los mensajes ella misma, imitando la manera de expresarse de Santander con el objetivo de no levantar sospechas y lograr que Ortigoza acudiera solo y confiado.

El fiscal describió que una vez que la víctima llegó al lugar, Blanco —primo de Ortigoza, con quien además había tenido un vínculo afectivo y sexual— lo abordó por sorpresa y lo atacó con un cuchillo. Las estocadas, dirigidas al rostro, cuello y cabeza, fueron ejecutadas con un arma blanca de cocina con una hoja de 7,7 cm de largo por 2,1 cm de ancho, de la marca Basari. Mientras tanto, Villanueva habría actuado como cómplice activa: impidió que la víctima escapara, lo distrajo y asistió psicológicamente a su consorte de causa durante el ataque, según manifestó el fiscal.

Luego del intento de homicidio, ambos imputados arrastraron a Ortigoza, creyéndolo muerto, hasta un desnivel del terreno en el mismo predio, donde lo abandonaron sin abrigo, en medio del frío extremo de esa noche. López Oribe hizo hincapié en que el hecho fue cometido con total desprecio por la vida y con plena conciencia de la gravedad de las lesiones causadas. Según remarcó, si la víctima sobrevivió fue gracias a que, por precaución, había enviado su ubicación a un amigo antes de acudir a la cita, lo que permitió su hallazgo y posterior traslado al hospital en estado crítico.

Durante su exposición, el fiscal también hizo referencia al informe médico pericial, el cual da cuenta de más de doscientas lesiones en el cuerpo de la víctima, entre ellas fracturas craneales, hematomas intracraneales, emfisema subcutáneo en distintas zonas del cuerpo, y fracturas múltiples en el rostro. Estos daños, remarcó López Oribe, pusieron en riesgo la vida de Ortigoza, quien permaneció internado durante semanas en terapia intensiva.

Por último, López Oribe afirmó que tanto Villanueva como Blanco actuaron con pleno conocimiento de la intervención de un menor y de su condición de inimputabilidad, por lo que también deben responder en calidad de coautores, conforme a los artículos 45 y 48 del Código Penal, y solicitó que el tribunal tenga en cuenta la multiplicidad de agravantes al momento de valorar la responsabilidad penal de los acusados.