La abogada Violeta Coronel presentó una denuncia penal y un pedido de jury contra el juez "Fernando Damián González Cárcamo", titular del Juzgado de Familia N°1, por presunto abuso de autoridad, prevaricato, allanamiento ilegal y violación a la intimidad. “Las medidas que tomó contra mi representado fueron desmedidas, sin derecho a defensa, y basadas únicamente en los dichos de una parte”, afirmó la letrada.

En diálogo con Aire Libre Fm, la Dra. Coronel explicó que su cliente atraviesa una situación judicial que considera “injusta y excesiva”, en el marco de una separación sin vínculo matrimonial. “Se tomaron medidas como el allanamiento de su domicilio, el secuestro de sus pertenencias y hasta la colocación de una tobillera electrónica, sin que exista una demanda formal ni pruebas contundentes”, señaló.

Según la letrada, todo comenzó con una presentación verbal por parte de una mujer, que alegó una relación de concubinato con su defendido. “No existe ninguna constancia formal registrada. Se menciona un supuesto papel del año 2013, pero las uniones convivenciales se inscriben recién a partir de 2015, por lo que ese documento no tiene validez”, explicó.

Coronel criticó duramente el accionar del juez González Cárcamo: “Se dictaron medidas cautelares sin audiencia, sin permitir que el otro lado ejerza su defensa. Primero fue la prohibición de acercamiento, luego el allanamiento, la requisa del domicilio y el secuestro de celulares, incluso de personas que estaban de visita. Todo con intervención de la División de Delitos Criminales, cuando no hay delito alguno comprobado”.

En ese sentido, sostuvo que ni siquiera el equipo interdisciplinario del Juzgado avaló la imposición de nuevas medidas, al no registrar indicios de riesgo tras las primeras dos semanas de evaluación. Sin embargo, “por recomendación de una operadora de una secretaría de Género, sin título profesional habilitante, el juez ordenó la colocación de una tobillera, que sigue vigente después de más de un mes”.

La situación, según Coronel, ha provocado daños irreversibles en su cliente. “Está bajo tratamiento psicológico, medicado, con pérdida económica y en constante estado de estrés. Todo esto por un prejuzgamiento y un uso excesivo del poder judicial. Se lo trata como un delincuente sin que exista causa penal alguna”.

La abogada formalizó la denuncia penal ante Fiscalía y presentó también la causa ante el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, solicitando el juicio político del magistrado. “Esperamos que las instituciones actúen. No se puede permitir que por los dichos de una persona se vulnere la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y los derechos fundamentales. No buscamos venganza, sino que esto no vuelva a pasar. Porque estas situaciones pueden terminar en tragedias irreparables”, finalizó Coronel.