Este lunes 18 de mayo comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra dirigentes de ATE investigados por una millonaria maniobra vinculada a falsas adjudicaciones de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda. El proceso judicial avanzará luego de que el Tribunal rechazara distintos planteos realizados por las defensas para evitar el debate oral.

En el banquillo de los acusados estarán el secretario general del gremio, Carlos Córdoba, y Miguel Ángel Arana, quien se desempeñaba en el área de Vivienda del sindicato. Ambos deberán responder por 22 hechos de estafa denunciados por afiliados que aseguraron haber entregado dinero a cambio de supuestos cupos habitacionales que nunca se concretaron.

De acuerdo a la acusación fiscal, Arana habría mantenido contacto directo con los damnificados, cobrando importantes sumas de dinero bajo la promesa de gestionar viviendas del IPV. En tanto, la Justicia sostiene que Córdoba no podía desconocer la maniobra, ya que existen elementos que lo vinculan con gestiones administrativas realizadas ante el organismo provincial e incluso con reuniones mantenidas con afiliados que reclamaban por las viviendas prometidas.

La causa investiga hechos ocurridos antes de 2018, año en que comenzaron a radicarse las primeras denuncias penales. Según los peritajes incorporados al expediente, el perjuicio económico total supera los 8 millones de pesos y ronda los 52 mil dólares, montos entregados por las víctimas en concepto de adelantos o supuestos gastos administrativos.

El juicio también incluirá a Erik Enrique Moscoso Panozo, imputado por presunto lavado de activos, al considerar que habría utilizado parte del dinero proveniente de la maniobra para la compra de maquinaria vial y el armado de una empresa.

Si bien Arana y su esposa evitaron enfrentar cargos vinculados al lavado de activos tras un acuerdo de reparación integral con el Gobierno provincial, el debate continuará respecto a las acusaciones por estafa, administración fraudulenta y falsificación ideológica.

Además, el propio IPV participará del proceso judicial en calidad de querellante y buscará avanzar hacia una eventual condena contra los acusados.