El juicio oral y público por las presuntas estafas vinculadas a viviendas destinadas a afiliados de ATE ingresó este martes en la etapa de declaraciones testimoniales y tuvo como primer expositor al ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Vázquez, quien brindó detalles sobre situaciones detectadas durante su gestión y mencionó presuntos reclamos realizados por vecinos.

Durante su testimonio, Vázquez explicó que asumió funciones en febrero de 2018 y señaló que, incluso antes de ocupar el cargo, ya existían comentarios y cuestionamientos relacionados con la operatoria de adjudicación de viviendas. “En la calle ya se mencionaban estos problemas y puse el ojo en ese trámite”, manifestó.

El ex funcionario explicó además el mecanismo mediante el cual se desarrollaba el programa habitacional, indicando que el IPV gestionaba los recursos y ejecutaba las construcciones, mientras que ATE aportaba el listado de afiliados que debían cumplir requisitos específicos, entre ellos antigüedad en la provincia, afiliación gremial y no poseer propiedades.

En ese contexto, aseguró que durante su gestión se acercaron personas manifestando haber entregado dinero. “Recibimos personas que dijeron que le dieron plata al señor Córdoba”, declaró. Incluso recordó el caso puntual de una mujer que, según indicó, afirmó haber entregado una importante suma de dinero. “Que dijo dio entre 7 mil y 5 mil dólares a Córdoba”, expresó, y agregó que posteriormente fue acompañada a realizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, remarcó que no existía ningún pago previo exigido por el IPV para acceder a una vivienda. “Qué la plata era para el pago de los planos le dijeron, pero todo lo hacía el IPV”, sostuvo.

Vázquez también señaló que gran parte de las gestiones vinculadas a los trámites habitacionales eran realizadas por Miguel Arana, aunque indicó que Carlos Córdoba también intervenía en distintas instancias. Sobre el final de su declaración, afirmó haber recibido presiones luego de que el caso tomara estado público y recordó que varias viviendas no pudieron ser adjudicadas porque algunos de los postulantes incorporados por ATE no cumplían con el requisito de estar afiliados al gremio. Según se recordó durante la audiencia, serían aproximadamente 20 los casos mencionados en la etapa de instrucción.