La primera jornada del juicio por las presuntas estafas vinculadas a las 128 viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo tuvo un fuerte impacto judicial y político. Ante el Tribunal, Miguel Ángel Arana declaró que el dinero entregado por aspirantes a una vivienda “era para él”, en referencia al secretario general del gremio, Carlos Córdoba.

El debate oral comenzó este lunes en Ushuaia con un importante operativo de seguridad en la zona de Tribunales. Mientras Arana decidió declarar, Córdoba se negó a responder preguntas. La causa investiga 22 hechos ocurridos entre 2015 y 2018, donde personas afiliadas y particulares habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de promesas de adjudicación habitacional.

Uno de los puntos centrales de la acusación es que algunos cupos habrían sido ofrecidos incluso a personas que no eran afiliadas a ATE, pese a que esa condición era requisito para acceder a las viviendas sindicales. Para la fiscalía, Córdoba no podía desconocer lo que ocurría dentro del gremio por su rol institucional y por las gestiones realizadas ante el IPV. La defensa, en cambio, intenta despegarlo de las maniobras y atribuir las operaciones a terceros.

Además de Córdoba y Arana, también está siendo juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado en el tramo vinculado al lavado de activos. El expediente incluye presuntas estafas, administración fraudulenta, falsificación ideológica y operaciones destinadas a dar apariencia legal al dinero que se habría obtenido mediante las maniobras investigadas. Aunque la causa involucra a más de 90 personas entre denunciantes y testigos, serán 23 quienes declaren en esta instancia.

El caso tomó estado público en 2018 y desde entonces quedó marcado por episodios de violencia y fuerte repercusión social. Arana recordó que fue brutalmente golpeado y amenazado en medio del escándalo, mientras que otro ex integrante de ATE, Daniel Belbey, apareció muerto pocos días después de que la investigación saliera a la luz. La causa sigue siendo una de las más resonantes de Tierra del Fuego por el trasfondo habitacional y por la sospecha de que la necesidad de acceder a una vivienda habría sido utilizada como mecanismo de recaudación ilegal.