El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de la empresa del broker Héctor Martínez Sosa por su presunta participación necesaria en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de la causa conocida como Seguros. La resolución incluyó además embargos sobre bienes y dinero, y alcanzó a otras firmas del sector asegurador.
La decisión judicial profundiza la investigación sobre una maniobra destinada a beneficiar indebidamente a determinados productores y compañías de seguros, aprovechando un esquema de contratación estatal que, según la Justicia, estuvo atravesado por conflictos de interés.
El eje de la causa: Martínez Sosa
La firma Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., representada por Héctor Martínez Sosa, fue señalada como una de las principales beneficiarias del esquema, al haber percibido comisiones por $416.546.348,81.En el fallo, Casanello advirtió que los vínculos personales del empresario con el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, constituían un indicador claro de alto riesgo, que debió haber activado controles internos más estrictos. Sin embargo, sostuvo que no se implementaron mecanismos de prevención ni programas de integridad para evitar conductas ilícitas.
Reuniones y facilitadores
En la misma resolución fue procesado Hugo Rodríguez, ex administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, acusado de facilitar encuentros reiterados entre Martínez Sosa y el entonces mandatario, incluso permitiendo ingresos sin registro oficial.Según la investigación, uno de los encuentros clave se produjo el 7 de agosto de 2020, cuando Martínez Sosa y su esposa —por entonces secretaria privada del Presidente— ingresaron a Olivos sin constancia formal. La Justicia remarcó que ese episodio quedó documentado en una fotografía que fue incorporada como prueba del vínculo personal entre el empresario y el ex jefe de Estado.
Además, se acreditó que entre febrero y marzo de 2022, Rodríguez coordinó reuniones a pedido del broker con el objetivo de influir para asegurar la continuidad de Gustavo García Argibay al frente de Nación Seguros S.A.
Por estos hechos, Rodríguez fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, como partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de $787.997.801,56.
Las empresas y el decreto clave
El fallo contextualiza la maniobra en el decreto 823/2021, firmado por Alberto Fernández, que obligaba al sector público a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.. Para el juez, ese marco normativo fue aprovechado por funcionarios infieles y privados para direccionar contratos hacia productores y aseguradoras específicas.
En ese sentido, Casanello procesó también a otras personas jurídicas, entre ellas Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Solo en el caso de San Cristóbal, los beneficios atribuidos por la investigación superan los $2.022 millones.
La resolución sostiene que las empresas toleraron conductas ilícitas de sus autoridades y omitieron implementar sistemas eficaces de prevención, permitiendo así un perjuicio al erario público.
La causa continúa en etapa de instrucción y es impulsada por el fiscal federal Carlos Rívolo, mientras la Justicia avanza en el análisis de responsabilidades penales y patrimoniales de los implicados.
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