La doctora María del Carmen Battaini, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, brindó declaraciones en Fm del Pueblo sobre la reciente resolución unánime del tribunal en el expediente vinculado a la reforma de la Constitución Provincial, un tema que, tras meses de presentaciones, recusaciones y excusaciones, expuso nuevamente la tensión entre los tiempos judiciales y la agenda política.

Battaini explicó que si bien el proceso debía resolverse dentro de los plazos establecidos por el Código de Procedimientos, las constantes acciones de las partes involucradas fueron alargando indefinidamente los tiempos. “Primero hubo una demanda, luego otra, una causa penal, y sucesivas recusaciones a jueces y funcionarios. Todo esto obliga a resolver en cada instancia y, lógicamente, el proceso se extiende”, detalló.

Sobre la creciente utilización de la Justicia como herramienta de debate político, la jueza fue clara: “Sí, existe judicialización de la política. Pero nuestro rol es evaluar la validez formal y sustancial de las normas, no decidir si una reforma constitucional es oportuna o no. Eso es competencia exclusiva de los convencionales constituyentes y de los representantes políticos”, afirmó.

En relación al intento de llevar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Battaini sostuvo que es un derecho legítimo de las partes: “Cada ciudadano o representante tiene derecho a recurrir a instancias superiores. Nosotros debemos resolver conforme a derecho y dentro de las competencias que la ley nos impone”.

Finalmente, reflexionó sobre la necesidad de evitar desgastar debates fundamentales: “Reformar una Constitución es un tema de suma importancia para todos los ciudadanos. Judicializar ese proceso para estirar plazos o trabar decisiones desvirtúa el debate de fondo y le resta trascendencia a una discusión que debería ser netamente política”.

La intervención del Superior Tribunal de Justicia deja en evidencia un fenómeno recurrente: la política traslada al Poder Judicial disputas que deberían resolverse en los espacios de debate legislativo, con las consecuencias institucionales y de percepción pública que ello implica.