La organización ambientalista Mane’Kenk anunció que recurrirá a la Justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la reciente reforma legal que habilita la cría de salmones en aguas fueguinas. La decisión se tomó tras la sesión legislativa del pasado 15 de diciembre de 2025, que desde el sector ambiental fue calificada como un grave retroceso institucional.

Según manifestó la asociación, la modificación de la Ley N° 1355 —sancionada en 2021 y considerada un hito en la protección de los ecosistemas acuáticos— se aprobó en un contexto de denuncias por irregularidades, falta de debate y ausencia de fundamentos técnicos. La norma original había posicionado a Tierra del Fuego como una de las provincias pioneras en la prohibición de la actividad salmonera por su impacto ambiental.

Desde Mane’Kenk sostienen que el proceso legislativo ignoró el consenso científico y social alcanzado en años previos y que la reforma se impulsó de manera autoritaria, debilitando los mecanismos institucionales y desarticulando un esquema de protección ambiental respaldado por organizaciones civiles y ámbitos académicos a nivel nacional.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de informes técnicos oficiales que avalen la viabilidad ambiental y sanitaria de la actividad. En ese sentido, la ONG advirtió que no se presentaron estudios concluyentes sobre la generación de empleo ni sobre las tecnologías que se utilizarían, ni se ofrecieron garantías suficientes para evitar daños a los ecosistemas.

La polémica también involucra al Poder Ejecutivo provincial, al que se acusa de haber desestimado al menos tres dictámenes técnicos internos elaborados por especialistas en biodiversidad y recursos hídricos, los cuales desaconsejaban la apertura a la salmonicultura. Dichos informes advertían sobre el riesgo de que el uso industrial del agua prevalezca sobre el consumo humano, en posible contradicción con la Ley Provincial de Aguas.

Otro punto señalado por la organización ambientalista es el cambio de postura de algunos sectores políticos respecto de la actividad salmonera, lo que generó un fuerte malestar en ámbitos de la sociedad civil. Para Mane’Kenk, estos giros evidencian la influencia de intereses económicos por sobre las advertencias ambientales y sociales.

El proceso previo a la votación también estuvo atravesado por denuncias vinculadas al funcionamiento de las comisiones legislativas, con dictámenes firmados fuera de los procedimientos habituales y mantenidos en reserva hasta que una orden judicial dispuso su publicación. Este escenario derivó en renuncias dentro de la estructura institucional, tanto en el ámbito legislativo como en áreas vinculadas a la política ambiental.

Desde el punto de vista jurídico, la ONG alertó sobre contradicciones en la nueva normativa que generan inseguridad legal, entre ellas el traspaso de funciones de control ambiental a áreas no especializadas y el uso de conceptos ambiguos sobre la supuesta sustentabilidad de la actividad. Frente a este escenario, Mane’Kenk confirmó que avanzará con una acción judicial para intentar restituir la prohibición original y frenar la instalación de salmoneras en la provincia.