El titular del Juzgado de Instrucción N°2, Dr. Raúl Sahade, brindó precisiones sobre el procedimiento que deben seguir las personas damnificadas para recuperar bienes que fueron sustraídos y luego incautados en el marco de un procedimiento judicial o policial.

Según explicó el magistrado, los elementos pueden ser restituidos a sus propietarios mediante dos vías: una es que el damnificado se acerque directamente al juzgado, donde se labra un acta solicitando la devolución de los bienes; la otra opción es a través de una citación que se realiza por intermedio de la Policía, una vez que el juzgado determina que los elementos ya no son necesarios para la investigación.

Sahade también aclaró que, en muchos casos, los bienes quedan en resguardo en las comisarías tras un allanamiento. Aunque no están bajo custodia directa del juzgado, se comunica a la Policía cuando dejan de ser de interés para la causa, y esta procede a la devolución.

Respecto a la acreditación de la titularidad de los objetos, el juez señaló que lo ideal sería contar con la factura de compra. Sin embargo, reconoció que no siempre se conservan estos comprobantes, por lo que se permite el reconocimiento del bien en base a una descripción detallada por parte del damnificado. “Somos bastante flexibles, no se puede pretender que todos tengan las facturas”, sostuvo.

Además, Sahade indicó que, en algunos casos, se permite que los damnificados participen de los allanamientos, especialmente cuando previamente han identificado públicamente los elementos que les fueron robados. En esos casos, si se produce el reconocimiento en el lugar, se procede a la entrega directa de los objetos, evitando así trámites posteriores.

Finalmente, el juez remarcó que el trámite puede resultar engorroso, pero que el juzgado busca facilitarlo en todo lo posible. “Lo que menos queremos es quedarnos con elementos que ya no necesitamos, y que muchas veces hasta se terminan deteriorando”, concluyó.