Una nueva controversia se suma al extenso conflicto judicial que mantiene suspendido el proceso para reformar la Constitución provincial. Esta vez, el legislador Jorge Lechman, referente del bloque Somos Fueguinos y autor de la acción que frenó la convocatoria a elecciones constituyentes, presentó una recusación contra la jueza del Superior Tribunal de Justicia y presidenta del Consejo de la Magistratura, Edith Cristiano.

El cuestionamiento de Lechman gira en torno a la participación de la magistrada en una reunión internacional organizada por el Instituto Internacional para la Excelencia en la Justicia, de la que también formó parte el legislador e integrante del Consejo de la Magistratura, Federico Greve. Aunque se trató de un evento institucional, con invitación formal y gastos cubiertos por la organización europea, el legislador intentó vincular la asistencia de Cristiano con presuntos vínculos políticos con el Ejecutivo fueguino.

La jueza, además de formar parte del Superior Tribunal, preside el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), desde donde gestionó su participación en la actividad. Tal como fue informado, notificó debidamente al organismo sobre el viaje y la cobertura de los gastos.

Aun así, Lechman sostiene en su presentación que la asistencia de la magistrada podría estar motivada por “vínculos con el gobierno provincial”, sin acompañar documentación o evidencia que respalde esta afirmación. El legislador infiere que habría un interés en estrechar la relación con el Ejecutivo, lo cual —según su interpretación— podría comprometer la imparcialidad de la jueza.

Sin embargo, desde distintos sectores jurídicos se cuestionó la solidez de la recusación. Un abogado integrante del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, que prefirió no revelar su identidad, fue contundente:

“Es un planteo basado en conjeturas, sin pruebas, que confunde un viaje institucional —avalado por organismos judiciales internacionales— con especulaciones políticas. La recusación exige hechos concretos y pruebas, no suposiciones”.

En la misma línea, recordó la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que este tipo de presentaciones deben ser interpretadas con criterio restrictivo:

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos fallos, ha sido clara al sostener que las recusaciones deben interpretarse de manera restrictiva. Solo proceden cuando se acredita de forma objetiva y comprobable la existencia de causales como enemistad manifiesta, interés directo en el pleito o pérdida de imparcialidad”.

El Superior Tribunal fueguino también se ha expresado en ese sentido en causas previas, como Republicanos Unidos y Mechulan, y en diversas actuaciones dentro del Consejo de la Magistratura.

“El viaje de la jueza Cristiano no se inscribe en ninguna de esas causales. Es parte de la agenda internacional de fortalecimiento del Poder Judicial, algo que, lejos de generar sospechas, parece simplemente una participación institucional acorde a su rol al frente del FOFECMA”, remarcó el letrado consultado.

Ahora será la propia Justicia provincial la que deberá evaluar si este planteo tiene algún fundamento legal real o si se trata, como sugieren distintas voces, de una maniobra política que busca seguir dilatando la resolución de fondo del proceso constitucional paralizado desde agosto de 2024.