Un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 generó repercusiones en el ámbito judicial fueguino al disponer el procesamiento de tres exautoridades de la Seccional N° 1 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Los exdirigentes Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich quedaron imputados por el presunto delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Según el expediente, el perjuicio económico se estimaría en alrededor de $11 millones, aunque la resolución judicial sugiere que el alcance del presunto desmanejo podría ser mayor. En consecuencia, se ordenaron embargos millonarios sobre los bienes de los acusados.

De acuerdo con lo que surge de la investigación, los imputados habrían estado vinculados a dos maniobras que, siempre en términos presuntivos, darían cuenta de un manejo “absolutamente discrecional” del patrimonio gremial. Bechis y Vidal fueron procesados como eventuales coautores, mientras que Méndez Stiglich quedó imputado como posible partícipe necesario.

El fallo describe lo que habría sido un sistema paralelo de préstamos otorgados por fuera de toda normativa y presuntamente en violación a las reglas del sindicato y a las regulaciones del Banco Central, que prohíben a las asociaciones sindicales funcionar como entidades financieras. Los intereses, según la resolución, se habrían fijado “a gusto” de los responsables y podrían haber variado según la relación personal con cada solicitante, un esquema que el juzgado califica como potencialmente arbitrario y sin mecanismos de control.

El otro eje que evalúa la causa es el supuesto uso comercial de departamentos pertenecientes al gremio, presuntamente alquilados a turistas mediante la plataforma Booking.com. Los inmuebles ubicados en Las Margaritas y Hol Hol habrían sido explotados con fines de lucro sin autorización, desviando bienes que por estatuto debían utilizarse exclusivamente para fines sindicales.

Para el juzgado, la referencia a un supuesto “fondo provincial” no habría sido suficiente para justificar estas operaciones, ya que —según se detalla en el fallo— el estatuto de la UEJN no contempla ningún tipo de autonomía financiera de ese tipo. En consecuencia, y siempre según la interpretación judicial, el presunto fraude habría afectado un patrimonio conformado por aportes de trabajadores judiciales.

Como parte de las medidas dictadas, se ordenaron embargos millonarios:

• A Luis Simón Bechis: $70.000.000
• A Daniel Oscar Vidal: $60.000.000
• A Lucas Méndez Stiglich: $50.000.000