Tres años después del grave episodio de intoxicación ocurrido en un evento nocturno en una cervecería sin habilitación del barrio San Martín de Río Grande, la investigación judicial permanece sin avances determinantes. La causa fue declarada en estado de reserva y las dos personas notificadas inicialmente quedaron, de momento, desvinculadas de la investigación.

El hecho se registró el 24 de julio de 2022. Los jóvenes Martín Lezcano y Braian Barrera ingresaron al Sanatorio Fueguino con lesiones severas en el tracto digestivo y respiratorio, atribuibles a la ingesta de una sustancia corrosiva, cuya naturaleza nunca pudo ser confirmada. En los primeros testimonios se habló de la posibilidad de que hubieran ingerido algún tipo de ácido sin consentimiento.

La reconstrucción judicial estableció que la actividad se desarrollaba en un espacio informal conocido como “La Fábrica”, sin habilitación municipal y con la participación de entre veinte y treinta personas. Según el relevamiento de testigos —incluidas las propias víctimas—, nadie observó que se introdujera ningún tipo de sustancia en los vasos. Las bebidas eran servidas en vasos de cristal transparente y no se hallaron pruebas concluyentes sobre adulteración en las cervezas que se ofrecían.

Las pericias determinaron que los jóvenes bebieron de un vaso que se encontraba sobre la barra, pero el análisis de los elementos secuestrados no permitió establecer un vínculo directo entre el contenido del recipiente y las lesiones sufridas. Según consta en el expediente, “no se puede asegurar que haya sido la cerveza servida en el lugar la que provocó las lesiones, ni tampoco se logró individualizar a una persona responsable de haber manipulado el vaso”.

Frente a esta falta de elementos probatorios, el juzgado de Instrucción N.º 1 resolvió dejar sin efecto la notificación de derechos y garantías que pesaba sobre Alejandro Gabriel Machuca y José Antonio González, organizadores del evento. La causa pasó a estado de reserva, lo que implica una suspensión temporal del proceso sin su cierre definitivo. La investigación podría reactivarse en caso de que surjan nuevas pruebas objetivas que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Mientras tanto, las secuelas físicas de las víctimas y la falta de respuestas judiciales continúan marcando este episodio que, hasta hoy, permanece sin responsables.