El proceso judicial que involucra al juez de Cámara Andrés Leonelli, acusado de haber subido a su nube personal material vinculado a pornografía infantil, sigue sumando capítulos que despiertan preocupación, desconcierto y múltiples interrogantes. El Dr. Gustavo Ariznabarreta, defensor del magistrado, brindó declaraciones que lejos de aclarar el panorama, ponen el foco en nuevas irregularidades y resaltan fallas preocupantes en el manejo de pruebas dentro del sistema judicial.

En diálogo con Radio Provincia, el abogado sostuvo que el material que Leonelli habría subido a su nube —según su propia defensa— proviene de una causa judicial de 2016 en Río Grande, donde el ahora imputado actuaba como juez. Para comprobarlo, se solicitó la remisión de los efectos secuestrados, pero lo que llegó a Ushuaia generó más escándalo: "Llegó tarde, en un sobre abierto, y las fotos no estaban en el interior", relató el defensor.

“Cualquier circunstancia en un proceso penal que sale de la norma, deja de ser legítima”, afirmó Ariznabarreta. “Esto complica la legitimidad del proceso y también la gestión de algún sector de la jurisdicción que no está haciendo las cosas como se deben”.

De acuerdo al defensor, el sobre contenía “tres soportes digitales: dos CDs y un DVD”. Según el relato, al revisarlos se halló material pornográfico de adultos, pero no las imágenes específicas requeridas. Esta situación motivó que “el fiscal solicitara volver a pedir el material”, lo cual fue aceptado por la jueza. “El material se volvió a pedir. Está oficiado, sí”, confirmó Ariznabarreta.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el traslado del sobre. Aunque aún no hay una versión oficial, el abogado deslizó que habría sido transportado por un chofer judicial: “El dato informal que tengo es que lo trajo un chofer del Poder Judicial, no el correo. Eso es lo que estamos pidiendo que se investigue”.

El defensor también aportó una cronología: el oficio fue emitido el 3 de julio y el sobre recién llegó el 11, pese a ser un envío "muy urgente".

A pesar de estas irregularidades, Ariznabarreta afirmó que para él el proceso penal quedó resuelto cuando el juez Sade confirmó que los códigos alfanuméricos de las fotos eran los mismos que figuraban en el expediente de 2016. “Ahí se terminó el proceso penal. Estaba claro el origen del material”, sostuvo. Sin embargo, también reconoció: “Esto no es bueno para el proceso. No es bueno para las personas. No es bueno para el concepto de seguridad pública”.

La lista de objeciones no termina ahí. Ariznabarreta denunció también la apertura irregular de uno de los teléfonos secuestrados: “Cuando se decide la suspensión de la pericia, después nos enteramos que ya habían empezado a peritar uno de los teléfonos sin avisar a nadie. Eso llevó a que se declare la nulidad y se ordene la destrucción de la información extraída”.

Este episodio, según sus palabras, es una “nulidad extrema”, ya que “viola toda la cadena de custodia”. El defensor sostuvo que esto “afecta la legitimidad del proceso y la calidad de la información que puede estar dándose”.

Aunque fue cuidadoso al momento de hablar de responsabilidades, aclaró: “No puedo afirmar una cosa u otra. Pero en mis 20 y tantos años en el Poder Judicial nunca viví algo así. Por ahí para otros colegas puede ser normal, pero para mí no. Y me preocupa”.

Pese a que se iniciaron acciones judiciales para investigar el estado del sobre y la cadena de traslado, la causa sigue empañada por dudas. “Pedimos que se investigue desde que el sobre salió de Río Grande hasta que llegó a Ushuaia. Bajo poder de quién estuvo, en qué circunstancias, y otros detalles que por razones procesales no puedo compartir”, explicó.

Lo cierto es que más allá de lo que ocurra con la situación procesal del juez Leonelli, la causa ha revelado un funcionamiento deficiente del sistema judicial. Que una prueba clave llegue abierta, tarde y sin su contenido, o que se periten celulares sin respetar las garantías procesales, son hechos graves en cualquier contexto. Pero lo son aún más cuando quien está bajo la lupa es un magistrado.

No se trata aquí de emitir sentencia sobre Leonelli —cuya responsabilidad penal deberá determinar la Justicia—, sino de preguntarse cómo un expediente de semejante gravedad puede quedar atrapado en errores e irregularidades que, en palabras del propio defensor, son “inusuales”.