En el marco del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, un informe oficial volvió a poner el foco en el sistema penal juvenil argentino y ubicó a Tierra del Fuego como una de las pocas jurisdicciones del país que no registra adolescentes privados de libertad.

Se trata de la actualización 2024 elaborada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que analiza la situación de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y expone marcadas diferencias entre las provincias.

Según el relevamiento, Tierra del Fuego no cuenta con jóvenes alojados en dispositivos de encierro penal juvenil ni dispone de espacios especializados de privación o restricción de la libertad, una característica que la distingue dentro del mapa nacional.

A nivel país, al 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron 4.119 niñas, niños y adolescentes bajo el sistema penal juvenil. De ese total, 865 se encontraban privados de libertad o con medidas restrictivas, lo que equivale a una tasa de 1,8 jóvenes alojados cada 100.000 habitantes. Si bien el informe muestra una caída general del 22% desde 2020, advierte un amesetamiento reciente y una leve suba interanual de las medidas de encierro.

La distribución territorial del encierro juvenil es altamente desigual. Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran la mayor cantidad de casos, mientras que solo ocho provincias no registran adolescentes privados de libertad. Además de Tierra del Fuego, integran ese grupo Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Luis y La Rioja. En contrapartida, cinco jurisdicciones concentran el 95% del total nacional de jóvenes bajo medidas privativas o restrictivas.

El informe también destaca que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal cumple medidas alternativas al encierro, a través de dispositivos de acompañamiento comunitario. Ocho de cada diez casos se encuadran en esta modalidad, considerada menos lesiva desde una perspectiva de derechos humanos.

El análisis cobra especial relevancia frente a la iniciativa del gobierno nacional de reducir la edad de imputabilidad. Los datos del CNPT indican que actualmente existen 48 menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil, de los cuales 44 se encuentran en situación de encierro, una práctica que el organismo considera incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. Tierra del Fuego no integra ese grupo.

De este modo, mientras se discuten reformas de alcance nacional orientadas a endurecer las respuestas penales, las cifras oficiales posicionan a Tierra del Fuego como un caso atípico dentro del país, al no registrar adolescentes privados de libertad en el sistema penal juvenil.