El Ejecutivo nacional analiza sumar al Presupuesto 2026 un proyecto que eleva de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito. La iniciativa, que había sido enviada al Congreso en junio sin avances, será presentada nuevamente en el marco de las negociaciones con los gobernadores.
Según trascendió, la propuesta también contempla elevar a $1000 millones el umbral en casos de evasión agravada, que conlleva penas de tres a nueve años de prisión, y mantener en dos a seis años las condenas por evasión simple. Asimismo, se prevé reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para delitos tributarios, en aquellos casos donde los contribuyentes inscriptos cumplieron en término con la presentación de declaraciones juradas.
El Comité económico encabezado por el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, mantuvo reuniones este viernes para definir los detalles que el presidente anunciará en cadena nacional. En Nación confirmaron que el titular de la cartera económica no concurrirá al Congreso, y en su lugar lo harán los secretarios Guberman y Pablo Quirno (Finanzas).
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida que “también beneficia a las provincias, ya que mejora la recaudación y fomenta el consumo”. En esa línea, la Casa Rosada ya firmó con trece mandatarios provinciales la adhesión al nuevo régimen de información fiscal, entre ellos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El proyecto, sin embargo, no introduce modificaciones en la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni en las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco implica la eliminación de datos fiscales, aunque sí busca promover la regularización voluntaria de capitales no declarados.
En paralelo, el Presupuesto 2026 no contempla aumentos por encima de la inflación en áreas sensibles como discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales, y mantiene la “regla fiscal” de techos de gasto ya incluida en el proyecto para 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) seguirá teniendo la atribución de exigir el pago de impuestos y aplicar multas y clausuras en un plazo de cinco años para contribuyentes inscriptos, y de hasta diez años en el caso de los no inscriptos, según la normativa vigente.
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