El Poder Ejecutivo nacional decidió extender la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2026, en medio de un contexto que considera crítico por las condiciones heredadas. La medida abarca las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en el ámbito federal, así como el transporte y distribución de gas natural y sus áreas vinculadas. También continuará la intervención de los entes de control ENRE y Enargas.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 370/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de todos los ministros del gabinete. La normativa prorroga lo dispuesto previamente por los Decretos 55/2023 y 1023/2024, que habían declarado la emergencia del Sector Energético Nacional.

Según lo señalado por el Ejecutivo, la medida responde a “la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”. En el mismo sentido, se mantendrá vigente la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas hasta que se cree un nuevo organismo unificado —el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad— o hasta que venza el plazo de la prórroga, lo que ocurra antes.

En paralelo, se dispuso la continuidad del “período de transición hacia subsidios energéticos focalizados”, establecido por el Decreto 465/2024. La Secretaría de Energía continuará como autoridad de aplicación y podrá emitir resoluciones para rediseñar el esquema de subsidios y establecer nuevos mecanismos de asignación directa a los usuarios.

El decreto también convoca a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía las medidas necesarias para garantizar los servicios en sus respectivas jurisdicciones y colaborar en la implementación del nuevo esquema de subsidios.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que recibió “una herencia institucional, económica y social gravísima” y remarca que “continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.

En cuanto al panorama energético, el texto destaca “la vulnerabilidad y el estado crítico” en tres aspectos: la recaudación, las condiciones de las instalaciones y la falta de señales de mercado tanto para la oferta como para la demanda.

Por último, el Ejecutivo señala que la prórroga de la emergencia contribuirá a transparentar las tarifas, al “erradicar la opacidad de las tarifas finales y la confusión entre los montos facturados y los subsidios”. Según se expresa, el objetivo es que “el usuario final pueda discernir según qué conceptos y por qué importes abona el servicio respectivo, en un todo de acuerdo a sus propios intereses económicos”, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional.