El mercado argentino de teléfonos inteligentes mueve alrededor de 11 millones de unidades anualmente pero un porcentaje cada vez más grande entra ilegalmente al país, suponiendo una competencia desleal que afecta a las marcas relevantes del sector. Son, en total, unos 3 millones de unidades que entran por año al país a razón de 8.000 por día, lo que representa 30%  del mercado total de smartphones.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que nuclea a las empresas que producen localmente, en 2015 ingresaban ilegalmente al país 1,5 millones de unidades; para este año, se espera que alcancen los 3 millones. “Por el volumen, el impacto en la industria es enorme. La demanda está planchada y corrigiendo el contrabando se podría revitalizar todo el mercado,” explica Federico Hellemeyer, presidente de la organización. Para muestra basta un botón: la cantidad de smartphones vendidos se mantiene estable hace años pero los fabricantes locales hoy producen 9,5 millones de unidades en vez de los 11 millones que solían fabricar años atrás. “Es un share muy grande el que perdimos en manos del contrabando.”

Germán Grecco, gerente general de Motorola para la Argentina, refuerza esa posición. “Trabajamos mucho para que los precios sean agresivos y en muchos casos no podemos competir porque la composición impositiva de un producto legal es alta. Esos smartphones no pagan un peso al Estado y, además, arruinan la reputación de marca porque no tienen bandas habilitadas para funcionar acá o no tienen servicio de posventa.” Samsung también hace especial hincapié en esto último para incentivar la venta legal. “Trabajamos para generar valor agregado –reconoce Bruno Drobeta, director Comercial para la Argentina—porque si no estamos en franca desventaja. Por eso hacemos hincapié en el servicio, en la experiencia de compra y en ofrecer buena financiación y promociones.”

A gran escala

El tema mantiene especialmente despiertos a las marcas que comercializan celulares de alta gama. No se preocupan por lo que ellos llaman hand carry, “el argentino que va a Miami y se trae un celular un el bolsillo”, como lo describen fuentes del sector. Ese porcentaje del mercado, que a priori podría percibirse como significativo por la avalancha de turistas que viajan a los Estados Unidos, no es tal: solo representa 1% del total. “El problema es el contrabando tradicional. Son organizaciones con una capilaridad enorme. Para ingresar equipos se necesita espalda financiera y un lugar para guardarlos”, confió un ejecutivo de una marca fabricante.

Según la percepción de Hellemeyer, es difícil estimar si existe o no una mafia organizada. “No hay inteligencia comercial sobre la operación ilegal. Pero son 8.000 por día y no son cuevas en una galería del microcentro. No es alguien que trae 30 celulares en la mochila,” cuenta.

Posibles soluciones se están barajando entre los distintos actores involucrados: la Aduana, la secretaria de Comercio y el ENACOM. Entre ellos, se discute la creación de un “registro blanco” de IMEI – un número único que identifica a cada celular—para dejar fuera de juego a las unidades contrabandeados como hoy se hace con los celulares robados aunque todavía no hay planes en concreto para darle luz verde al proyecto, resistido por operadores. “Es deber del Estado combatir esto porque se trata de un grave perjuicio fiscal,” remata Hellemeyer.