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Inminente sentencia del Consejo de Guerra por el caso del ARA San Juan

El tribunal de alzada, Consejo General de Guerra, máximo organismo de la Justicia castrense se ocupó del proceso que duró casi 4 meses y el próximo lunes dará a conocer el veredicto. La sentencia puede ser impugnada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Se llegó a este momento luego de 3 años de idas y vueltas en un expediente militar iniciado durante la gestión de Oscar Aguad y re caratulado con imputaciones gravísimas tras el cambio de Gobierno.

El tribunal integrado por Sergio Rossi, secretario de Asuntos Militares y los vocales, general de división Juan Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto y brigadier mayor Pedro Girardi, subjefe del Estado Mayor Conjunto tiene en sus manos sancionar desde el apercibimiento hasta la destitución a los oficiales de la Armada imputados en el sumario: el almirante Marcelo Srur, exjefe de la fuerza, los contraalmirantes Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata, Hugo Correa, exjefe de Operaciones; y el capitán de corbeta, Jorge Sullia exjefe de Logística.

En esencia, el oficial sumariante, comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez; que se presume estudió en tiempo record la complejidad operativa de un arma como el submarino tan ajena a su ámbito habitual; imputó faltas gravísimas a la cadena de mandos en tierra.

Elaboró una lista de negligencias orientando al lector al resultado fatal del siniestro aunque a la fecha no hay una sola prueba -pericia técnica- que acredite porqué ocurrió el naufragio. “Dar una respuesta acorde a la magnitud del acontecimiento teniendo en cuenta la consideración que merecen tanto la memoria de las víctimas de tan lamentable hecho como sus familiares” es una de las tantas frases orientativas del instructor. Uno pensaría en la ley del Talión o el Código de Hammurabi para los 8 imputados, el favor que espera la política.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia es el único actor de la justicia que ordenó una pericia al tribunal de Caleta Olivia para dilucidar el porqué del naufragio, pero aún no se ha concretado. Hay miles de imágenes del submarino implosionado obtenidas por el buque Ocean Infinity que aguardan una pericia completa. Nunca de ofrecieron a prueba al Consejo.

En el expediente militar armado por el comodoro Méndez se sugiere que el capitán Fernández estaba sobrepasado por la acumulación de eventos desfavorables en la madrugada del 15 de noviembre; el principio de incendio en baterías, el cansancio por la misión y el estado del tiempo; fuerte tormenta; “un verdadero condicionante y se convirtió en un factor adverso para los designios del Comandante de la nave a la hora de tomar decisiones para superar las dificultades que se le presentaron”, afirma Méndez. Escribe que el comandante del submarino “encontraba esmerilada su capacidad para tomar decisiones” como resultado de esos factores adversos y que en consecuencia las autoridades de tierra fueron negligentes en no prestar una ayuda o asistencia, por caso. ordenándole la navegación en superficie en lugar de ir a inmersión. Quedó probado por el mensaje (Sitrep) enviado por el propio capitán Fernández que el episodio en el cuarto de baterías de proa no se trató de una emergencia sino de un principio de incendio que fue controlado. El texto no consigna ningún pedido de asistencia ni sugiere gravedad, más aún describe que irá a inmersión, una maniobra que no se hace sin tener el control adecuado en todos los mecanismos de la nave.

El comandante del submarino estaba fogueado en capear temporales. En el legajo personal de Fernández hay una nota de distinción firmada en 2013 por su superior inmediato, el entonces Comandante Antártico, comodoro de marina, Valentín Sanz Rodríguez. En el documento al que accedió este diario, se elogia su actuación como comandante del buque oceanográfico ARA Puerto Deseado durante la campaña antártica 2012/2013. Se lee “a lo largo de la campaña antártica de 2012/13 tuvo un desempeño sumamente destacado por su criterio náutico, conducta cooperativa y aptitud para el mando.

Afrontó condiciones hidrometeorológicas y glaciológicas desfavorables en acciones como el cierre y despliegue de la dotación de la base Brown. Juicioso y prudente, elaboró procedimientos para cumplir a bordo, manteniendo altos estándares de seguridad náutica en zona de hielos”. La nota en cuestión no fue ameritada como prueba, refutaría el “esmerilado” que atribuyó el oficial instructor a la capacidad de tomar decisiones en situaciones desfavorables del capitán del submarino. Sin excepción, todos los testigos (submarinistas) y peritos que declararon en las audiencias confirmaron que el San Juan estaba en condiciones para navegar y cumplir la misión ordenada.

La demora en el carenado del submarino uno de los ejes que estableció el instructor Méndez para imputar la ausencia de seguridad náutica y posterior resultado fatal del siniestro quedó sin sustento ante el testimonio del actual jefe de la Armada, vicealmirante Julio Guardia. Se demostró que el carenado tenía dos meses de vencimiento sobre los 24 aconsejados en el manual. “La demora en la entrada a dique de carena no afecta la seguridad náutica, es una prórroga en el mantenimiento planificado, no es una inhabilitación para navegar ya que es una norma técnica dinámica” afirmó el vicealmirante Guardia. “La Armada no manda a navegar buques que no estén en condiciones de hacerlo”, declaró el jefe naval.

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