El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, el Banco Central y la ANSeS están tomando una serie de medidas, todas orientadas a paliar el gravísimo daño económico colateral que causan las cuarentenas para enfrentar la pandemia del coronavirus. 

Pero hay que advertir que muchas de ellas no pueden ser muy útiles ahora (por ejemplo obra pública obviamente paralizada por la imposibilidad de trabajar y oferta de crédito que muchas empresas sin ingresos no pueden tampoco tomar). Los esfuerzos para que llegue dinero a la economía informal deben estar al tope de las prioridades, y ya el Gobierno está haciendo muchos esfuerzos en esa dirección, los cuales deben profundizarse.

Y también deben extremarse esfuerzos para que la plata llegue a las empresas que no pueden pagar sueldos (formales) dada la caída extrema de ventas, de modo que entonces puedan pagarlos, y la gente reciba ingresos.

En la coyuntura podría pensarse que mientras dure el período de cuarentena, que podría extenderse por todo abril, pero total o parcialmente también en mayo o incluso junio, los sueldos tanto públicos como privados podrían bajarse, vía una ley de emergencia especial, dado que la mayoría de la gente no puede gastar ni en transporte, ni en comer afuera, ni en cines, ni en una variedad de consumos prescindibles. 

Complementando con esto, los vencimientos de deudas por tarjeta de créditos y Ahora 12, podrían posponerse un tiempo. Dado esto, y si todos los asalariados supieran que cobraran por ejemplo en abril el 70% de su sueldo (o incluso el 50%), y estuvieran seguros de ello, seguramente se sentirían más aliviados que ahora, donde muchos estarán muy angustiados de no saber si cobran ahora, y menos a fin de abril.

Y no es lógico que los empresarios, en sectores donde las ventas han caído 70% o 100%, deban cargar con los costos salariales, dado que nada de lo que ocurre forma parte del riesgo empresarial posible de prever.  Ya es bastante con que no ganen nada en estos momentos, y deban pagar sus gastos familiares con ahorros acumulados o préstamos. Pero si se los obliga a pagar los sueldos, es muy probable que echen a muchos empleados o directamente se declaren en bancarrota.

El Estado debe pagar los sueldos, al menos a los sectores muy afectados, y mientras duren medidas de cuarentena.

El costo fiscal puede ser muy alto. Por ejemplo, si durante un mes el Estado pagara el 50% de los sueldos de gran vastedad de empresas (podrían exceptuarse empresas de muchos alimentos, ciertos artículos de limpieza, supermercados almacenes, farmacias, etc que sigan trabajando relativamente normalmente durante el PC), podría alcanzar a los $ 200.000 millones por mes (aproximadamente un 10% de la Base Monetaria, y 0,7% del PIB).

Pero debe considerarse que todo el planeta está gastando cada vez más en paliar los efectos de la crisis (aproximadamente un 3,5% del PIB mundial, y en ascenso), con USA (10% del PIB) y España (9% del PIB) a la cabeza.

El tema es que esta situación extrema requiere de acciones extremas como estas.

A fin de evitar posibles aumentos de precios en este período tan crítico, está bien la medida de fijar precios máximos, que deberían extenderse a gran cantidad de productos, Y a fin de evitar una estampida inflacionaria cuando se terminara el PC sería aconsejable extender los controles de precios unos meses luego de levantada.  Lógicamente, precios máximos deben estar acompañados de congelamiento de tarifas, salarios, y también tipo de cambio oficial.

Concluida la cuarentena, los sueldos deberían volver a ser del 100% de lo que eran en febrero/marzo y el Estado dejaría de pagar los mismos. La gente empezaría a gastar más o menos normalmente y la actividad se recuperaría, tal vez bastante rápido. El crédito se normalizaría y todo empezaría a “ser como era antes” (o parecido…).

Respecto al sobrante de dinero que quedaría (oferta excedente de Base Monetaria) debería ir absorbiéndose vía suba de encajes (ahora fuertemente bajados) y vía un bono estatal (aproximadamente de la magnitud del déficit especial provocado en el PC), que básicamente debería ser colocado en bancos y compañías de seguros. 

La deuda pública quedará un poco más alta, pero es totalmente comprensible en estas circunstancias. Y está bien que las generaciones futuras asuman parte del costo de esta catástrofe. Después de todos, en el año 2050, muchos jóvenes ni habrían existido, o habrían pasado por la angustia enorme de padres y parientes fallecidos, si nada hiciera el Gobierno para lidiar con esta increíble y pesadillesca situación.