El  titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad  (PCCH), requirió el viernes pasado la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante el contexto bélico del Atlántico Sur.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares.

La Fiscalía destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.

Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.

La fiscalía federal, por lo demás, argumentó sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos. Además, detalló: “Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”.