El proyecto sustituye el artículo 139 bis del Código Penal por el siguiente: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad".

Argentina responde al pedido de la CIDH

La decisión del PEN de presentar la propuesta surgió tras analizar la condena a Argentina de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó a nuestro país a incluir ese tipo de delitos en el Código Penal.

El organismo internacional se expidió en el caso de Leonardo Fornerón, oriundo de Entre Ríos que reclama desde hace 22 años por su hija entregada ilegalmente en adopción por la madre a un matrimonio porteño, con la anuencia de funcionarios judiciales provinciales.

Graham, la primera en exponer hoy en la reunión de la comisión de Justicia, expresó su satisfacción de que "por primera vez en Argentina, después de tantos años, el Congreso se haya propuesto por fin tipificar la conducta de compra venta de niños en particular con fines de adopción".