El Poder Ejecutivo Nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso insistiera con la norma y rechazara el veto presidencial de Javier Milei con el voto de dos tercios en ambas cámaras. Sin embargo, el decreto 681/25 establece que la aplicación de la ley quedará suspendida hasta que el Poder Legislativo determine su fuente de financiamiento.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones. Allí, el Gobierno instruye al Parlamento a incluir en el Presupuesto Nacional las partidas necesarias para sostener la nueva legislación.

En los considerandos, el Ejecutivo advirtió que la implementación demandaría un crédito presupuestario de aproximadamente 3 billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI. Según se detalla, la norma amplía el universo de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad, lo que implicaría un incremento considerable del gasto público.

El texto cuestiona que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley supone para el Estado Nacional”. En ese sentido, aclaró que el presupuesto actual “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que los recursos deberán ser discutidos en el marco del Presupuesto 2026.

El Gobierno remarcó además que, si bien la ley faculta al jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias, esa atribución “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”, tal como lo exige la Ley de Administración Financiera.

La postura del Ejecutivo ya había sido anticipada por Guillermo Francos, lo que generó advertencias de la oposición, que evalúa denunciarlo penalmente o impulsar una acción política en su contra, que podría incluir una moción de censura o incluso un juicio político por no acatar lo dispuesto por el Congreso.