La Caja Provisional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el Personal del ex Territorio atraviesa una etapa crítica, con un cuadro financiero delicado que ahora se ve atravesado por un nuevo frente de conflicto: el avance de demandas judiciales por el pago de haberes.

La situación fue expuesta en un informe interno firmado por el vicepresidente del organismo, comisario general Guillermo Morgan, quien se encuentra a cargo de la Presidencia. En ese documento se describe un panorama preocupante, tanto por el estado actual de la institución como por las proyecciones a corto plazo.

Uno de los ejes centrales del informe es la judicialización creciente de los reclamos. Actualmente, se registran 146 acciones de amparo en trámite en distintos juzgados de la provincia. De ese total, 46 ya tuvieron sentencia de primera instancia favorable para los beneficiarios, mientras que en 10 casos la Cámara de Apelaciones resolvió a favor de la Caja.

Pese a esos antecedentes, desde el organismo observan con inquietud lo que pueda ocurrir en la próxima instancia judicial. El documento anticipa que varios expedientes seguirán su curso ante el Superior Tribunal de Justicia y advierte que podría haber fallos desfavorables para la institución, lo que incrementaría aún más las obligaciones de pago en medio de una fuerte restricción de recursos.

Desde la conducción de la Caja sostienen que la falta de cumplimiento en los haberes compensatorios no responde a una decisión arbitraria, sino a una imposibilidad concreta. Según se detalla, el organismo enfrenta insuficiencia de fondos líquidos y carece de herramientas normativas y financieras que permitan revertir el déficit.

La magnitud del problema también queda reflejada en los números oficiales. El informe consigna una deuda consolidada de 4.063.923.000 pesos, un pasivo que condiciona severamente la capacidad operativa del sistema previsional y reduce cualquier margen para responder a los reclamos acumulados.

A esto se agrega un desfinanciamiento de fondo que, según el documento, se viene profundizando con el tiempo. La Caja señala incumplimientos en la cancelación completa y en término de contribuciones patronales y aportes personales correspondientes al personal activo y a beneficiarios del régimen, un factor que impacta directamente en la sustentabilidad del esquema.

Frente a este escenario, las autoridades del organismo plantean la necesidad de una intervención del Poder Ejecutivo. En concreto, solicitan asistencia para garantizar el pago de los haberes compensatorios del período en curso y respaldo financiero para afrontar la deuda ya generada.

Mientras tanto, familiares de policías del ex Territorio continúan recurriendo a la Justicia para reclamar prestaciones que consideran derechos adquiridos. Esa combinación entre demandas individuales y fragilidad estructural del sistema mantiene abierta una tensión creciente.

Con una deuda millonaria, más de un centenar de amparos en trámite y un frente judicial que podría ampliarse, la Caja Policial enfrenta un punto de inflexión. Sin apoyo financiero y medidas de fondo que recompongan ingresos y obligaciones, el deterioro podría profundizarse en los próximos meses.