Un fallo de la Justicia fueguina destrabó el conflicto que arrastraban los retirados territoriales de la Policía: la jueza Gabriela San Martín hizo lugar a un amparo presentado por Walter Hugo Papa y ordenó a la Caja Previsional Personal de la Policía y Penitenciaria Provincial y Compensadora de la Policía del Ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego que regularice de inmediato los haberes impagos.

La resolución fija un plazo de 30 días para cancelar los salarios de junio y julio de 2025 y el Sueldo Anual Complementario del primer semestre. Además, dispone que en adelante la Caja garantice el pago “regular y completo” de todos los beneficios, bajo apercibimiento de ejecución.

El texto de la sentencia es explícito: la Caja debe abonar julio de 2025, el primer medio aguinaldo y todo lo que se devengue en lo sucesivo. También impone las costas a la demandada y regula honorarios a favor del abogado patrocinante, el doctor Carlos Daniel Medina González.

El caso se convierte en un hito judicial: es el primer amparo que prospera en un universo de más de 500 retirados territoriales que han denunciado incumplimientos salariales desde mediados de año. El antecedente abre la puerta para reclamos similares y acelera los tiempos de respuesta del organismo previsional.

El fallo llega en un clima de creciente malestar. Durante meses, los beneficiarios reclamaron sin éxito la restitución de sus haberes y el pago del aguinaldo, y denunciaron silencio por parte del Directorio de la Caja. La decisión judicial reconoce la vulneración de derechos y ordena una acción concreta para saldar la deuda.

En paralelo, un grupo de esposas de retirados y pensionados acudió a los Juzgados Laborales N.º 1 y N.º 2 de Ushuaia con un pedido de intervención urgente. “Nuestros esposos dieron su vida en servicio y hoy se los castiga con el silencio y la indiferencia”, señalaron en su presentación.

Según el escrito, la situación impacta en más de 500 hogares, muchos con retirados con salud deteriorada tras años de servicio. “La falta de ingresos, la incertidumbre y la ausencia de respuestas están afectando su salud física y emocional”, advirtieron.

Las familias consideran que la deuda “no tiene justificación” y remarcan que las cuentas se acumulan mientras los jubilados deben endeudarse o depender de la ayuda de sus hijos. “La ley está para cumplirse y ustedes, señores jueces, tienen la responsabilidad institucional de garantizar que así sea”, subraya el documento.

Con la sentencia de San Martín, los retirados esperan una rápida regularización. De no cumplirse en el plazo fijado, la orden judicial prevé iniciar la ejecución. Para los beneficiarios, el mensaje es claro: “Lo que pedimos no es un favor: es justicia”.