La investigación por la brutal agresión ocurrida el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención sumó nuevas medidas judiciales, luego de que se detectara que dos teléfonos celulares incautados a internos no habían sido remitidos a la Justicia. El caso involucra a presos y a integrantes del Servicio Penitenciario, en el marco de una causa donde se investigan vejámenes, una golpiza y un posible intento de encubrimiento.

A partir del análisis de los teléfonos ya secuestrados, tanto a internos como a siete penitenciarios imputados, comenzaron a surgir indicios vinculados a comunicaciones internas posteriores al hecho. Según se desprende de la investigación, en los días siguientes a la agresión se habrían incautado dos celulares: uno al interno Leandro Soto y otro al interno Cristian Varas, ambos imputados junto a otros reclusos por la golpiza sufrida por tres presos que habían ingresado al pabellón B.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, solo en el caso del teléfono de Varas habría quedado una constancia administrativa realizada por un oficial. Esa situación encendió nuevas sospechas dentro de la causa, ya que los elementos no habían sido puestos a disposición judicial.

Tras el informe elaborado por la División Delitos Complejos, a partir del análisis de unos 20 teléfonos incautados, la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Mayor Martín Bramatti ordenaron un nuevo allanamiento en las instalaciones penitenciarias. La medida se dispuso de manera compulsiva y no como una simple orden de presentación, lo que refleja la desconfianza judicial respecto de la colaboración del Servicio Penitenciario en el avance de la investigación.

Además de los dos celulares, la Justicia también buscaba otros elementos que habrían sido utilizados durante la agresión. Se trata de un destornillador y un palo de escoba astillado, con los cuales se presume que fueron atacados Burgoa padre, su hijo y el interno Flores.

Según los datos surgidos de los teléfonos analizados, esos elementos habrían sido entregados por un preso a autoridades penitenciarias, pero tampoco fueron remitidos a la Justicia. Esta situación refuerza la hipótesis de una posible connivencia entre penitenciarios e internos, así como la sospecha de un intento de ocultar o entorpecer el esclarecimiento de lo ocurrido.

Durante el procedimiento, se logró recuperar los dos teléfonos celulares que habían sido incautados a los presos y también el destornillador. Sin embargo, no se pudo dar con el palo de escoba que era buscado por los investigadores.

La causa continúa en etapa de investigación, con el foco puesto tanto en la responsabilidad de los internos acusados de la golpiza como en el rol que habrían tenido integrantes del Servicio Penitenciario antes, durante y después de los hechos.