El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una apelación contra la resolución del Juzgado Electoral Provincial que declaró la nulidad del Decreto N° 751/26, mediante el cual se había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. Desde el Ejecutivo sostienen que el fallo genera un fuerte impacto institucional al detener un proceso electoral destinado a que la ciudadanía se exprese sobre la reforma de la Constitución provincial.

El planteo oficial cuestiona la decisión de la jueza Mariel Zanini y afirma que la sentencia carece de sustento jurídico suficiente. Según la apelación, la magistrada habría basado la nulidad del decreto en la existencia de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque la normativa nacional establece que ese tipo de recurso no suspende automáticamente el trámite del proceso.

En el escrito, el Gobierno remarca que el Superior Tribunal de Justicia ya se había pronunciado sobre la cuestión de fondo al validar la Ley Provincial N° 1529, levantar la medida cautelar que mantenía paralizado el proceso electoral y ordenar una nueva convocatoria. También señala que, al momento de dictarse el Decreto N° 751/26, no existía ninguna cautelar vigente, suspensión judicial ni resolución de la Corte Suprema que impidiera avanzar con los comicios.

Otro de los puntos centrales de la apelación apunta a la autoridad institucional del Superior Tribunal de Justicia. Para el Ejecutivo, el fallo del Juzgado Electoral termina revisando e interpretando una sentencia del máximo órgano judicial de la provincia, alterando los efectos de una decisión que debía ser cumplida por los distintos poderes del Estado.

En esa línea, el Gobierno advierte que permitir que una instancia inferior deje sin efecto práctico una resolución del Superior Tribunal podría afectar el orden institucional y el sistema de jerarquías previsto por la Constitución fueguina. Además, recuerda que los pronunciamientos del máximo tribunal provincial constituyen jurisprudencia obligatoria para los jueces y tribunales de Tierra del Fuego.

La presentación también pone el foco en las consecuencias políticas e institucionales de la sentencia. Según el Ejecutivo, aceptar que una simple presentación ante la Corte Suprema pueda frenar decisiones judiciales provinciales firmes pondría en riesgo la seguridad jurídica, la previsibilidad y la estabilidad de cualquier proceso institucional.

Por ese motivo, el Gobierno solicitó la intervención urgente de la Cámara para revertir el fallo y permitir la continuidad del cronograma electoral. En su planteo, sostiene que no solo está en discusión la validez de un decreto, sino también la autonomía provincial, la división de poderes, el sistema federal, los derechos políticos de la ciudadanía y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas.