En la antesala del inicio del año legislativo, en el oficialismo aseguran que la Casa Rosada tiene lista una reforma electoral que podría ser presentada públicamente el domingo 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

El eje central del esquema que se está discutiendo puertas adentro es dar de baja las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y reemplazarlas por nuevas reglas para definir candidaturas y ordenar la competencia electoral. Según trascendió desde el entorno libertario, la decisión atravesó debates internos, pero finalmente volvió a imponerse la postura inicial: avanzar hacia su eliminación.

En paralelo, el borrador que circula en el Ejecutivo —atribuido a la mesa técnica que rodea al asesor presidencial Santiago Caputo— incluye otro punto de alto impacto: extender el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) a todo el país. Si bien las provincias conservan autonomía para definir sus elecciones locales, La Libertad Avanza buscaría instalar la discusión jurisdicción por jurisdicción para empujar un esquema más uniforme.

La argumentación que repiten en el oficialismo gira alrededor de una idea: “simplificar” y “unificar” el proceso electoral. En ese marco, señalan que el objetivo es evitar que la ciudadanía tenga que concurrir más de una vez a votar o enfrentar múltiples instancias y filas para emitir el sufragio.

Otro capítulo del paquete en estudio apunta a los partidos políticos: el Gobierno pretende revisar el régimen vigente y, sobre todo, el esquema de financiamiento, con la intención declarada de redistribuir de manera “más eficiente” los fondos que se utilizan en campañas y actividades partidarias.

En ese apartado reaparecen medidas que ya habían sido incluidas en el fallido proyecto de “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”: cambios en topes de aportes privados, modificaciones sobre la pauta y la publicidad electoral, ajustes en plazos vinculados a encuestas y nuevas figuras dentro del control electoral.

Con ese paquete de fondo, la expectativa política está puesta en lo que el Presidente decida decir en el Congreso el 1° de marzo, cuando podría oficializar el envío de la iniciativa y abrir una nueva disputa parlamentaria sobre cómo se votará en los próximos comicios.