En el cierre de las sesiones extraordinarias, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, fue presentada por el oficialismo como un hito dentro de la agenda de reformas y se sumó a una jornada parlamentaria clave antes del discurso presidencial previsto para el 1° de marzo.

La norma se aprobó con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención (Alejandra Vigo). El proyecto ya venía con media sanción de Diputados y llegó al recinto con acuerdos que incluyeron a fuerzas aliadas y sectores “dialoguistas”, lo que permitió cerrar la votación con una mayoría clara en la Cámara alta.

El cambio central es que, desde ahora, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados y procesados, algo que antes quedaba limitado por el umbral de los 16 años. En delitos graves, el nuevo esquema habilita condenas, aunque establece límites específicos para menores: se fija un tope de 15 años de prisión y se prohíbe de manera expresa la prisión perpetua.

Otro punto relevante es la implementación: el texto incorpora una asignación de recursos para poner en marcha el régimen y adaptar espacios de detención para asegurar la separación de adultos y menores, un aspecto que generó cuestionamientos desde sectores opositores por el riesgo de que la ley quede difícil de aplicar en las provincias.