El Gobierno nacional avanza con la baja de aranceles a la importación de celulares, pese a la fuerte resistencia que genera en Tierra del Fuego. El anuncio, que podría oficializarse este viernes por decreto, ya provocó reacciones inmediatas en la provincia: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició un paro por tiempo indeterminado, advirtiendo que el conflicto podría escalar si no hay cambios en la decisión.

Desde la administración central, las autoridades defienden la medida como un paso necesario para equiparar los precios locales con los internacionales. Según explicaron, la eliminación del arancel del 16% se hará en dos fases: primero, bajará al 8%, y finalmente llegará a cero desde enero de 2026. Además, se reducirá el impuesto interno a los celulares importados del 19% al 9,5%, y los fabricados en Tierra del Fuego quedarán exentos de ese tributo.

El vocero presidencial Manuel Adorni justificó la política en conferencia de prensa, señalando que resulta absurdo que “la gente tenga que viajar al exterior para comprar un celular más barato que en Argentina”. El Gobierno también anticipó que, en una segunda etapa, planea debatir a fondo el régimen de beneficios fiscales que actualmente favorece a la industria fueguina.

La postura oficial es contundente. Altos funcionarios consideran que el sistema vigente resulta injusto para los consumidores y costoso para el Estado, al representar un gasto fiscal de más de mil millones de dólares anuales. “No tiene sentido que todo el país subsidie una zona, con reglas de hace 50 años”, manifestó Adorni.

La noticia cayó como un balde de agua fría en la gobernación fueguina. El gobernador Gustavo Melella advirtió que, de avanzar con el decreto, acudirá a la Justicia para intentar frenar la medida. “No fuimos consultados ni recibimos respuesta a nuestros llamados”, afirmaron desde su entorno. El mandatario también reclamó al Gobierno nacional la apertura de una mesa de diálogo para debatir un verdadero plan de desarrollo provincial, más allá del conflicto coyuntural.

A nivel político, el diputado libertario Santiago Pauli sostuvo que las empresas del sector han sido ampliamente beneficiadas en los últimos años y que la verdadera discusión es cómo asegurar la competitividad futura, sin depender de subsidios. “Ya no hay nada que conversar con la provincia; es una decisión tomada”, afirmó una fuente cercana a Casa Rosada.

Desde el Gobierno nacional reconocen que el fin de los beneficios fiscales podría afectar el empleo en la isla, pero apuestan a que la provincia busque alternativas de desarrollo, como potenciar el turismo. “Es un paso hacia una economía más competitiva y abierta”, declaró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque admitió que habrá un impacto negativo inicial en el empleo local.

El debate sobre el régimen especial fueguino también cuenta con el respaldo de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional recomendó revisar las exenciones impositivas, y un informe del think tank Fundar calculó que el esquema implica un gasto fiscal anual equivalente al 0,22% del PBI argentino.

En este contexto, la relación entre Nación y Tierra del Fuego parece atravesar su momento más tenso en años. Mientras la industria electrónica de la isla advierte sobre el riesgo de miles de puestos de trabajo, el Gobierno nacional ratifica que seguirá adelante con el plan, convencido de que es una de las medidas más populares entre los consumidores y necesaria para modernizar el sistema productivo argentino.