Las reiteradas dificultades en el funcionamiento de las líneas de emergencia 911 y 107 en Tierra del Fuego no responden únicamente a fallas técnicas circunstanciales, sino que se inscriben en un problema estructural que ya había sido advertido por la Legislatura provincial y reconocido oficialmente por el propio Gobierno.

El pasado 27 de noviembre, el Ministro Jefe de Gabinete respondió pedidos de informes aprobados por el Parlamento en marzo de este año, en los que se solicitaban precisiones sobre la capacidad operativa del sistema de emergencias. La respuesta, que llegó ocho meses después, dejó en evidencia que el sistema se encuentra saturado y requiere una actualización urgente tanto en materia de infraestructura como de recursos humanos.

Según el informe firmado por el responsable de Protección Civil, Pedro Franco, “el Sistema de Emergencias 911 y sus líneas rotativas presentan una limitación permanente en su capacidad de atención”, situación que obliga a activar de manera recurrente el Plan de Contingencia Institucional ante interrupciones técnicas, saturación de líneas o fallas en la red telefónica. Dicho plan contempla la derivación de llamados a líneas alternativas municipales, la habilitación de números auxiliares y la comunicación oficial a la comunidad, remarcando que “este plan garantiza la continuidad del servicio hasta la restitución total de la capacidad operativa del sistema”.

En relación con la línea 107, el informe oficial aclara que se encuentra operativa tanto en Ushuaia como en Río Grande, aunque reconoce que ante fallas o interrupciones temporales las comunicaciones son derivadas a otros números institucionales, lo que se notifica mediante comunicados oficiales para asegurar la atención prehospitalaria.

El documento también advierte que la infraestructura disponible es “obsoleta, limitada y con necesidad de actualización”, con deficiencias en salas de operación, cableado, equipamiento tecnológico y condiciones edilicias, lo que impacta directamente en la capacidad general del sistema. A esto se suma que los equipos técnicos cuentan con mantenimiento reducido debido a la falta de personal especializado, quedando las intervenciones básicas a cargo del personal jerárquico.

Otro de los puntos críticos señalados es la escasez de recursos humanos. Actualmente, Ushuaia cuenta con 8 agentes y 3 jerárquicos, mientras que Río Grande dispone de 9 agentes y 2 jerárquicos, advirtiéndose además una próxima reducción de personal por licencias, conflictos laborales y trámites administrativos. Esta situación obliga a que los propios responsables jerárquicos cubran turnos operativos para garantizar una atención mínima.

El informe también reconoce que existen pedidos de reubicación por parte de agentes que prestan servicio en las centrales, pero que no pueden ser autorizados debido al nivel crítico de dotación. A esto se suma que el personal no cuenta con asistencia psicológica ni acompañamiento profesional, pese a tratarse de tareas de alto impacto emocional, una deuda que las autoridades admiten como pendiente.

En cuanto a la demanda, los registros oficiales muestran un volumen sostenido de llamados. En Río Grande, desde fines de noviembre se contabilizaron 1.376 llamadas al 107, mientras que en Ushuaia se recibieron 3.137 llamadas en septiembre, 2.786 en octubre y 2.620 en noviembre, aclarando que la capacidad de atención depende directamente de la cantidad de operadores disponibles en cada turno.

Finalmente, el Gobierno informó que el servicio de administración del sistema 911 no se encuentra actualmente en proceso de reestructuración, pese a las limitaciones reconocidas, y admitió que el estado general del servicio presenta falta de actualización tecnológica, infraestructura limitada y ausencia de inversión sostenida, funcionando gracias al esfuerzo del personal y a los recursos disponibles.