El Ejecutivo de Tierra del Fuego avanzó con un nuevo paso administrativo para redefinir el mapa energético provincial. A través del Decreto 2705/25, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la transferencia de las áreas Lago Fuego, Tierra del Fuego y Los Chorrillos —hasta ahora bajo operación de YPF— a la empresa Terra Ignis Energía S.A.
La medida quedó sujeta ahora al análisis de la Legislatura, que deberá otorgar validez jurídica al convenio, habilitar la prórroga de explotación y consolidar el traspaso definitivo.
Un acuerdo previamente suscripto
El decreto oficial ratifica el entendimiento firmado el 10 de noviembre entre el gobernador Gustavo Melella y el CEO de YPF, Horacio Marín, mediante el cual se acordó la cesión de las tres áreas. Tal como se indica en la normativa, las actuales concesiones —aprobadas por las leyes provinciales 997 y 998— tienen vencimientos previstos entre abril de 2026 y noviembre de 2027.
En caso de obtener la aprobación parlamentaria, la extensión del plazo de explotación para Terra Ignis se aplicará “desde el vencimiento actual de cada concesión”, proyectándose hasta los años 2036 y 2037, según corresponda.
Fundamentos del Ejecutivo
El Gobierno provincial argumentó que la decisión busca resguardar la continuidad productiva en yacimientos considerados maduros, fomentar la recuperación de reservas y asegurar que se mantenga la actividad local bajo criterios ambientales estrictos.
Al mismo tiempo, el decreto establece que la provincia renuncia a efectuar reclamos contra YPF vinculados a su rol de concesionario, excepto aquellos relacionados con activos o abandonos que no formen parte de la transferencia.
Contexto energético nacional
La cesión se enmarca en el proceso de reorganización empresarial de YPF, que avanza en el desprendimiento de activos convencionales en distintas jurisdicciones del país. Esta situación —según detalla el propio decreto— podría derivar en un “cese abrupto de la actividad” en los yacimientos provinciales, poniendo en riesgo la operación de la planta San Sebastián, clave para el procesamiento de gas natural y el abastecimiento interno.
Ante ese escenario, desde el Ejecutivo sostuvieron que autorizar la operación prevista en el artículo 72 de la Ley Nacional 17.319 resulta indispensable para evitar impactos económicos y preservar el normal funcionamiento del sistema energético.
Trámite en curso
Luego de la firma del convenio, YPF y Terra Ignis solicitaron el 11 de noviembre la autorización correspondiente ante la Secretaría de Hidrocarburos para avanzar con la prórroga solicitada. Finalmente, el 14 de noviembre, Melella y el ministro de Economía, Francisco Devita, suscribieron el decreto que finalmente fue girado a la Legislatura.
Con el arribo del Decreto 2705/25 al Parlamento, queda en manos de los legisladores definir si la transferencia continúa su curso y si se otorga la extensión de explotación que permitirá sostener la actividad en una porción estratégica de la matriz hidrocarburífera fueguina.
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