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Clínica San Jorge suspendió por completo la atención a afiliados de OSEF

La institución médica confirmó que, desde la medianoche de este martes, dejó de brindar servicios a los beneficiarios de la Obra Social del Estado Fueguino debido a una deuda millonaria y a la falta de validación de convenios.

La crisis financiera de la OSEF derivó finalmente en la medida más severa por parte de su principal prestador privado. El responsable de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, confirmó que la entidad decidió cortar toda atención a los afiliados. “La situación es más compleja de lo habitual. Hay una falta de financiamiento y ya anticipamos que esto llevaría a un quiebre de la obra social. En noviembre no puedo afrontar el pago la OSEF, eso incrementó mucho la deuda que tienen y se nos hace imposible seguir sosteniendo el servicio”, señaló en declaraciones públicas.

La decisión se oficializó mediante un comunicado institucional luego de varios días sin respuesta por parte de la obra social. La clínica ya había intimado a la titular de OSEF, Mariana Hruby, para que ratificara el convenio vigente y cancelara la deuda acumulada, que asciende a $5.510.529.374,98, según precisó el apoderado legal del centro médico, Clemente Sánchez Posleman.

El plazo otorgado venció el 1 de diciembre sin una contestación formal, y el sanatorio notificó que el crédito de atención quedó interrumpido desde las 00:00 del 2 de diciembre. A partir de ahora, quienes tengan OSEF deberán afrontar los costos de manera particular, excepto en casos de urgencia atendidos directamente por la Guardia de la clínica.

La suspensión rige en las tres sedes de la institución —Ushuaia, Río Grande y Tolhuin— y abarca todos los servicios: consultas, prácticas ambulatorias, estudios diagnósticos, laboratorio, endoscopías, internaciones y guardia. Solo se mantendrá la atención de urgencias que ingresen por el propio servicio del sanatorio.

La clínica señaló que la intimación enviada buscaba “demostrar la buena fe” en el cumplimiento de los acuerdos y que la falta de pagos, sumada a la ausencia de un convenio convalidado, volvió insostenible la continuidad de las prestaciones. Además, solicitó a los profesionales informar a los pacientes sobre la situación e indicar alternativas en caso de contar con otra cobertura de salud.

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