En una entrevista realizada con Fm La Isla, el secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Maximiliano Fusato, brindó detalles sobre la resolución del histórico conflicto judicial con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, también conocido como el “convenio chino”. La negociación, que atravesó gestiones y disputas judiciales durante más de una década, finalmente fue saldada con un acuerdo que no implica erogaciones para la provincia y habilita una inversión estimada en 730 millones de dólares.

“Es una resolución positiva para la provincia. Ambas partes renuncian a los derechos judiciales que estaban en disputa y se reactiva el convenio original que había sido adjudicado mediante licitación internacional”, explicó Fusato.

El conflicto comenzó tras la rescisión unilateral del convenio por parte de la administración provincial en el pasado, lo que derivó en una demanda judicial de la empresa. Sin embargo, desde 2020 se venía intentando un acercamiento. El actual acuerdo, impulsado por la gestión gubernamental, permite cerrar esa instancia judicial y retomar el proyecto de industrialización.

Fusato explicó que el convenio original sigue vigente, aunque se revisarán ciertos aspectos técnicos debido al paso del tiempo, como la localización de la boca de captación de gas en Las Violetas y condiciones actualizadas de operación. “Hay una cláusula de flexibilidad que permite a las partes revisar condiciones. Se convocarán mesas técnicas con participación de diversas áreas del Gobierno para adecuar puntos específicos”, detalló.

El secretario destacó que el acuerdo ya fue notificado a la Legislatura y que, según interpretación de la Fiscalía de Estado, no requiere tratamiento legislativo. “La ley que aprobó el convenio sigue vigente y este nuevo acuerdo simplemente lo reactiva en sus términos originales”, sostuvo.

En cuanto a la provisión de gas, Fusato aseguró que está garantizada mediante contratos vigentes con privados, y que la provincia podrá intervenir en caso de que surjan obstáculos. También confirmó que la empresa invertirá 100 millones de dólares en los primeros 12 meses una vez archivada la causa judicial, como parte de la primera etapa para instalar la planta de urea. La segunda etapa implicará el desarrollo de una central termoeléctrica y otras infraestructuras industriales.

Además, el acuerdo reafirma el compromiso de la empresa de utilizar el sistema financiero del Banco de Tierra del Fuego, contratar un mínimo del 75% de mano de obra local, y priorizar insumos y proveedores fueguinos. “Esto va a permitir diversificar la matriz productiva de la provincia en un contexto económico complejo”, señaló Fusato.

Consultado sobre la influencia de factores geopolíticos internacionales en el proceso, el funcionario negó haber recibido objeciones desde el gobierno nacional, pese al origen chino del capital inversor. “No hemos tenido ningún inconveniente en la negociación. Hubo una buena recepción y no hubo trabas”, afirmó.

Respecto a otros conflictos, Fusato confirmó la resolución del caso vinculado a la Ruta 7, lo que calificó como un avance importante para Río Grande. En cuanto a la situación con la empresa Gansedo, informó que el caso se encuentra actualmente en el Tribunal de Cuentas, y que se avanza hacia una resolución, con negociaciones a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

“La provincia está en un momento complejo, y una inversión como esta es positiva para todos los fueguinos y fueguinas. Si surgen resistencias, se darán las explicaciones necesarias. Pero este acuerdo es técnico, sólido y beneficioso”, concluyó Fusato.

La inversión total proyectada es de 730 millones de dólares, con plazos escalonados y fuerte impacto en infraestructura, empleo local y diversificación económica. Un paso clave para el futuro productivo de Tierra del Fuego.