El Dr. Federico Rauch, habló sobre el proyecto que se presentó ayer en la Legislatura Provincial, el que trata la creación de la agencia ejecutiva del Área Aduanera Especial, proyecto que ya se encuentra publicado íntegramente en la página web del estudio de abogados y este tiene como objetivo poner en manos del Estado provincial herramientas concretas de defensa ante las repetitivas discusiones efectuadas en el Congreso en relación a la Ley 19640 y el subrégimen industrial.

En ese marco, el Dr. Rauch dijo en primer lugar lo siguiente “no se ha hecho nada en los últimos 20 años sobre el régimen integral que son los beneficios que le corresponden a los consumidores finales de la provincia. La idea es dar herramientas técnicas y jurídicas al Estado provincial para que pueda ejecutar el control de su comercio interno”.

En este sentido, explicó que el proyecto presentando “no interfiere en las facultades de la autoridad de aplicación, en este caso la AFIP. El consumo de la provincia proviene básicamente de importaciones, una vez que las mercaderías son liberadas a la plaza de la provincia, entra a jugar la competencia propia que tiene la provincia”.

En cuanto a lo que propone el estudio de abogaos, Rauch resaltó que “cada provincia ha designado su propia autoridad de aplicación en el caso de la ley de defensa del consumidor, en Tierra del Fuego hay una subsecretaría de defensa del consumidor que está absolutamente saturada por la cantidad de reclamos que tiene la gente, que llevan meses o años. Ninguno de los organismos está especializado en el régimen general de la 19640, que dice que los destinatarios de las exenciones fiscales del área aduanera especial deben tener esos beneficios y eso no está ocurriendo. Las exenciones fiscales son apropiadas por ciertos importadores, que no son precisamente los comerciantes de la calle San Martín, sino los grandes importadores”.

Subrayando que “los pequeños importadores no pueden hacer uso de las exenciones, no pueden obtener la mercadería y la compran bajo otro tipo de factura. La gran parte de la mercadería viene con la factura E, sin los impuestos, pero eso no se traslada al consumo, como dice la ley 19640. La provincia tiene facultades para controlar su propio mercado interno y por eso hemos propuesto la creación de un órgano especializado, que va a estar dirigido por tres profesionales especializados con experiencia comprobada, no políticos, sino técnicos debidamente capacitados, como lo son un abogado, un contador y un experto en informática”.

En esa línea, explicó cuales son las funciones que llevará adelante el equipo mencionado “porque la tarea de contralor de este mercado interno especial requiere de una adecuada plataforma digital. Este órgano es denominado agencia de control del área aduanera especial, y se va a ocupar de asegurar que efectivamente las exenciones fiscales de las mercaderías que ingresan sin impuestos, se trasladen a los precios finales y al consumidor. Esto sería poner en valor la 19640 y hacerlo desde la provincia, en lugar de esperar que la AFIP se ocupe de algo de lo que no le interesa ocuparse”.

Entonces, el magistrado Rauch avizoró que “si esto se pone en funcionamiento, es un mensaje institucional y político al Congreso nacional y al Poder Ejecutivo nacional. Hay una crítica a los fueguinos que no hacemos nada para defender nuestros propios derechos e intereses. Este proyecto va a dar una gran señal al gobierno nacional porque como provincia estamos defendiendo lo que nos corresponde”.

Además, también adelantó que la agencia “no implica una tarea titánica, sino que es bastante sencilla. Lo titánico es que exista la voluntad política para poner en marcha el sistema. El sistema en sí no tiene una gran complejidad. En el proyecto está aclarado que la agencia que se crea va a tener la competencia y la atribución de requerir de los servicios de inspección de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y de la AREF, cuando lo estime conveniente. Es un contralor de carácter digital, online. Se trata simplemente de procesos de información que van a tener que registrarse, alcanza a todos los importadores bajo el régimen de la factura E, que venden con una factura sin impuestos a un sujeto de la provincia”.

“El exportador de Buenos Aires le vende al importador de Tierra del Fuego, y documenta esa venta con la factura que presenta a la AFIP. Una vez que eso está despachado a plaza, deja de ser competencia de la AFIP y de la Aduana, y pasa a ser competencia de la provincia. Hay que determinar la diferencia de valores que hay entre la factura de compra y la factura de venta al público de esos mismos productos, para ver si efectivamente hay un traslado razonable de las exenciones a los consumidores”, remarcó.

Asimismo, enfatizó que de aprobarse el proyecto será “competencia de la provincia verificar si no se está incumpliendo la ley de defensa del consumidor, al apropiarse de los beneficios que le corresponden ya que, toda esa mercadería no ha pagado impuestos”. De igual forma, se refirió al caso de los supermercados y señaló que “en un mercado libre, como debe ser el de Tierra del Fuego, está muy bien que un supermercado diga que va a traer los productos con todos los impuestos pagos. Es importante que se controle a los restantes jugadores del mercado, que traen el producto con el diferencial y trasladan los precios en sus supermercados”.

Para finalizar, profundizó en que antes “no teníamos la tecnología con la que contamos ahora, que facilita este tipo de controles. Desde el punto de vista táctico, es necesario que la provincia demuestre que tiene interés en defender su derecho, y por eso presenté el proyecto. Uno de los argumentos que he escuchado en el Congreso nacional es que los fueguinos no parecen necesitar la ley, porque no hacen nada para defenderla. Se habla del régimen industrial, pero no del régimen general”, adelantado que tiene un proyecto para elevar al Congreso mediante el cual “reemplaza a la 19640 por una ley que mira hacia el Siglo XXI y le da certezas a Tierra del Fuego por los próximos 60 años”, concluyó el Dr. Federico Rauch.