Argentina atraviesa una compleja situación energética marcada por un desbalance entre el consumo y la producción de gas natural. En la actualidad, el país demanda entre 160 y 170 millones de metros cúbicos diarios, mientras que la producción nacional se mantiene por debajo de esa cifra, en torno a los 130 o 140 millones. Esta diferencia obliga a importar gas desde Bolivia y a través de barcos con gas natural licuado, cuya adquisición resulta hasta cuatro veces más costosa que el gas extraído localmente.

Esta realidad impacta directamente en la economía del país, ya que el gas importado encarece la balanza energética. Mientras el gas producido en territorio nacional tiene un costo estimado de entre 3 y 5 dólares por millón de BTU, el importado puede superar los 13 dólares. Esta diferencia condiciona las tarifas que se aplican a los usuarios, quienes actualmente reciben un servicio altamente subsidiado, especialmente en regiones como Tierra del Fuego.

En la provincia, los usuarios pagan alrededor de 80 pesos por kilo de gas, gracias a un esquema de subsidios sostenido históricamente. Sin embargo, se estima que el precio real del gas sin este acompañamiento estatal podría superar los 2.000 pesos por kilo. Esto pondría en riesgo el acceso al servicio para miles de hogares fueguinos, en una región donde el gas es esencial durante todo el año, y especialmente en el invierno.

A nivel nacional, la crisis se agrava por la falta de inversión en infraestructura energética, la suspensión de obras clave y el congelamiento de contratos necesarios para ampliar la capacidad de transporte y distribución. Durante el invierno, con el incremento de la demanda residencial, se han producido cortes en el suministro a industrias y estaciones de GNC, a fin de priorizar el abastecimiento a los hogares.

En paralelo, recientes modificaciones normativas también han generado preocupación en torno al suministro de gas envasado. Un decreto que desregula el precio de las garrafas y reduce los controles de calidad podría derivar en aumentos desmedidos, además de afectar la seguridad del producto que llega al consumidor.

En este contexto, la situación energética argentina requiere de medidas urgentes. La eliminación del concepto de autoabastecimiento en la normativa vigente y el énfasis puesto en el equilibrio comercial han desplazado la prioridad del consumo interno, generando tensiones tanto en el sistema como en la ciudadanía.

El debate sobre el futuro energético vuelve a instalarse con fuerza. Mientras persistan las diferencias entre lo que el país produce y lo que necesita, y sin una estrategia de planificación e inversión sostenida, los riesgos para la población —especialmente en zonas sensibles como la Patagonia— seguirán latentes.