La estrategia del Gobierno provincial para modificar el Programa de Letras del Tesoro 2025 quedó en suspenso luego de que la Fiscalía de Estado dictaminara que “no corresponde dar conformidad” a la propuesta presentada por el Ministerio de Economía. El planteo oficial buscaba emitir una nueva serie de títulos en diciembre y posponer su vencimiento hasta 2026, pero la entidad jurídica consideró que este esquema implica un cambio sustancial en la naturaleza del instrumento financiero y vulnera requisitos constitucionales.

El análisis, plasmado en el dictamen 17/25, firmado el viernes 5 por el fiscal adjunto Maximiliano Tavarone, sostiene que la modificación pretendida convierte a las letras —pensadas como herramientas de financiamiento de corto plazo— en deuda pública, ya que sus vencimientos quedarían fuera del año fiscal en el que fueron emitidas.

Un escenario financiero complejo

La Tesorería General había impulsado la readecuación argumentando dificultades presupuestarias: caída real en la recaudación de impuestos nacionales y provinciales respecto de 2023, necesidad de sostener el poder adquisitivo de los salarios y ausencia de financiamiento externo para obras públicas, lo que obligó a cubrir proyectos con recursos propios. En ese contexto, el Ejecutivo planteó que era necesario contar con “herramientas financieras adicionales” para evitar tensiones en el flujo de fondos, incluyendo una nueva emisión a pagar en 2026.

La iniciativa se apoyaba en la Ley 1580, que fijó un límite de 14.000 millones para el programa de Letras 2025 y autorizó su garantía con fondos de coparticipación federal. El artículo 28, además, permite ciertas adecuaciones en materia de crédito público bajo condiciones específicas.

El eje del conflicto: la Constitución

Para la Fiscalía, el problema central radica en que la readecuación llevaría los vencimientos más allá de 2025. Ese simple hecho —señala— activa el artículo 70 de la Constitución provincial, que exige una ley especial con mayoría de dos tercios para autorizar empréstitos o títulos públicos cuyo plazo exceda el ejercicio presupuestario.

El dictamen recuerda que la autorización legislativa otorgada en diciembre de 2024 para emitir letras durante 2025 se aprobó por 8 votos sobre 15, una cifra que no alcanza la mayoría agravada requerida para habilitar endeudamiento a más largo plazo. Los legisladores, además, dejaron constancia en el diario de sesiones de que las emisiones no debían superar el año 2025.

Conclusión del organismo de control

La Fiscalía determinó que la readecuación del programa no es jurídicamente viable bajo los artículos 19 y 28 de la Ley 1580. Aclaró, sin embargo, que su análisis no aborda la conveniencia o el mérito de la medida, sino su encuadre legal.

Como salida, el dictamen señala que, si el Ejecutivo desea avanzar, deberá hacerlo mediante otra herramienta normativa que sí respete las exigencias constitucionales previstas para operaciones de endeudamiento de largo plazo.