El Superior Tribunal de Justicia puso en marcha el Registro Único Provincial de Mediadores, que funcionará dentro del área de Acceso a Justicia, autoridad de aplicación del Poder Judicial. La iniciativa forma parte de una política orientada a modernizar los procesos judiciales, promover los métodos alternativos de resolución de conflictos y fortalecer el trabajo articulado con los Colegios Públicos de Abogados.

La medida quedó formalizada a través de la Acordada 177/2025, que además dispone la emisión de una credencial para los mediadores registrados, acompañada por un sistema de validación mediante código QR, lo que permitirá acreditar su condición de manera rápida y digital.

Según se indica en la resolución, el Poder Judicial busca con esta acción “desburocratizar la administración del servicio de Justicia; avanzar paulatinamente hacia la despapelización y que los registros sean digitales; brindar mejores servicios a la ciudadanía; transparentar e innovar el acceso a la información; asegurar la calidad de servicio”.

Asimismo, el nuevo registro se integrará a la red nacional de mediadores, lo que permitirá “sostener equivalencias, homologaciones, habilitaciones e inhabilitaciones, informes en plataforma digital y toda acción que fuera requerida a nivel nacional”.

Esta implementación se enmarca en la Ley Provincial N° 804, que desde su sanción en 2009 establece como política pública del Estado fueguino la incorporación de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

Desde entonces, el Superior Tribunal ha mantenido un trabajo conjunto con los Colegios de Abogados de la provincia, con el objetivo de fortalecer la utilización y efectividad de estas herramientas. Fruto de esa cooperación, se llevaron adelante instancias de capacitación y actualización profesional, lo que permitió que numerosos matriculados cumplieran los requisitos exigidos por la normativa para su inscripción en el registro.

De esta manera, tanto el Poder Judicial como las entidades profesionales quedan habilitadas para postular la creación de Centros de Resolución de Conflictos, conforme lo prevé la legislación vigente a nivel nacional y provincial.