La ministra de Obras Públicas y Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, expuso en la Legislatura provincial los principales desafíos que enfrenta el sector energético y el vínculo del Estado con las empresas hidrocarburíferas.

Castillo explicó que desde hace un año se encuentra a cargo del área de Energía, con el foco puesto en atender la emergencia eléctrica y reorganizar internamente el ministerio. “Necesitaba más tiempo para dedicarme a la emergencia energética, a la energía eléctrica en Ushuaia, Tolhuin y Almanza, y al acompañamiento de la cooperativa eléctrica de Río Grande”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es fortalecer la capacidad del sistema energético y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la provincia. “Tenemos que generar más proyectos, reordenar el ministerio hacia adentro y potenciar el crecimiento del sector”, afirmó.

La ministra repasó el escenario actual del sector, marcado por la extensión del contrato de Total, la cesión de áreas de YPF a Terra Ignis y la finalización de la concesión de Roch. Sobre este punto, fue contundente respecto del rol del Estado: “Cuando la provincia da una concesión, la da para que produzca. No para que saque lo que puede y después deje caer el yacimiento”.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la falta de un piso mínimo de producción en las concesiones vigentes. “Hoy ninguna concesión tiene un mínimo de producción. Entonces una petrolera puede dejar de inyectar y no tiene la obligación de pagar por esa no inversión”, explicó.

Castillo remarcó que esa situación genera un perjuicio directo a la provincia. “La producción está directamente atada a la regalía que recibe el Estado, y esa regalía es la que sostiene el sistema público. Es la plata con la que se hace todo”, subrayó.

Como ejemplo concreto, mencionó casos recientes que afectaron la economía provincial: “Hoy Roch no está produciendo GLP por el deterioro de su planta, y Total tuvo parada su plataforma del Estrecho durante 20 días. Eso reduce la producción y el impacto es inmediato”.

Frente a este escenario, la ministra defendió la necesidad de avanzar en una normativa que establezca estándares claros. “No es una cuestión de animosidad con una empresa u otra. Hablamos de normar cuáles son los estándares mínimos de producción que deben dar, porque cuando eso no se cumple el perjuicio es directo para la provincia”, afirmó.

También se refirió al declive natural de los yacimientos y a la obligación de invertir para revertirlo. “No me puedo sentar a esperar y decir ‘va a producir menos’. Necesitamos que inviertan para compensar el declive y aumentar la producción”, sostuvo.

Por último, Castillo destacó la importancia de priorizar el empleo local y el control ambiental. “Una de las cosas centrales es que trabaje nuestra gente. Y además, tenemos que cuantificar el pasivo ambiental, remediarlo y fiscalizar que los compromisos se cumplan”, concluyó.