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Provinciales

Extienden hasta noviembre el plazo para que colegios privados informen aranceles 2026

El Gobierno nacional dispuso una prórroga para que los colegios de gestión privada comuniquen los valores de matrícula y cuotas correspondientes al ciclo lectivo 2026. El nuevo vencimiento será el 15 de noviembre, cuando originalmente estaba previsto que finalizara el 31 de octubre.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El cambio de fechas responde a un pedido de los Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), entidad que nuclea a los colegios privados sin aporte estatal de todo el país, que había señalado que el nuevo plazo “se adapta mejor a los cronogramas escolares y administrativos de las instituciones”.

En el documento presentado por la entidad se destacó además que “una prórroga en los términos solicitados permitirá contar con un margen temporal razonable para elaborar y consensuar con las familias las condiciones contractuales, favorecer la previsibilidad y transparencia de la información comunicada y evitar la generación de situaciones de incertidumbre tanto para los establecimientos como para los padres y tutores”.

Desde la Secretaría, a cargo de Pablo Lavigne, remarcaron que el objetivo es dar a las familias más tiempo para dialogar con las instituciones educativas y alcanzar acuerdos sobre los aranceles, ya que, en caso de no lograrse consensos, los valores deben mantenerse iguales a los del año anterior.

La normativa también detalla la información que las escuelas deberán brindar a las familias: importe de matrícula y condiciones de reintegro en caso de arrepentimiento; cantidad total de cuotas y conceptos que incluyen; monto de cada cuota, que será mensual, igual y consecutiva; además de plazos y formas de pago con recargos por mora.

Por último, se prorrogó hasta el 15 de diciembre el plazo para que los colegios privados remitan esta misma información, junto a una copia del contrato de enseñanza, a la Secretaría de Industria y Comercio y a la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada. Esa documentación deberá estar acompañada por una declaración jurada que acredite que “el contrato educativo cuenta con la conformidad de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos”, caso contrario, se mantendrán los valores vigentes al 30 de noviembre del año anterior.

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