Las farmacias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin dejaron de atender a afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) como consecuencia de una deuda que se mantiene impaga desde agosto del año pasado y que volvió inviable la continuidad del servicio.

La decisión fue tomada de manera conjunta por los establecimientos del rubro, luego de meses de reclamos sin respuestas concretas. Desde el sector explicaron que el atraso en los pagos, gestionados a través de FACAF, se acumuló durante más de seis meses. Si bien recientemente se acreditó un adelanto del 75% correspondiente a octubre, siguen pendientes agosto, septiembre y el resto de los períodos posteriores.

Ángel Paliza, referente de la cadena Farmatotal, detalló que la situación financiera llegó a un límite, especialmente en Tolhuin, donde las farmacias cubren prácticamente toda la demanda de medicamentos de la población. Allí, el impacto del corte es total para los afiliados.

El cese de la atención se fue aplicando de forma progresiva: primero en Ushuaia y luego en Río Grande, hasta quedar suspendida la prestación en toda la provincia.

Uno de los puntos que profundizó el conflicto fue la distribución desigual de fondos por parte de la obra social, ya que según denunciaron los últimos recursos enviados fueron destinados únicamente a una farmacia, dejando al resto sin ningún tipo de cobertura frente a la deuda acumulada.

Desde el sector farmacéutico señalaron que hoy no existe un canal de diálogo efectivo con las autoridades de OSEF y que la única interlocución disponible no ofrece soluciones ni directivas claras, lo que impide avanzar en una salida consensuada.

A diferencia de lo que ocurre con la obra social estatal, los comercios aseguraron que mantienen pagos regulares con otras prestadoras y sistemas privados de salud, lo que deja en evidencia que el problema es exclusivo del ámbito provincial.

Pese a la gravedad del escenario, los farmacéuticos aclararon que no buscan judicializar el conflicto. Su objetivo inmediato es lograr un esquema de cancelación de la deuda que permita restablecer la atención y garantizar el acceso a medicamentos, aunque advirtieron que ya no pueden seguir sosteniendo financieramente un servicio sin cobrar desde agosto de 2025.