En un comunicado oficial emitido el 2 de julio de 2025, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su profunda preocupación y descontento con la actitud asumida por gran parte del sector empresarial frente a la situación crítica que atraviesa la industria fueguina. La misiva, dirigida a las empresas agrupadas en AFARTE, UIF y CAFIN, apunta directamente a la inminente aplicación del segundo tramo del Decreto 333/2025, que amenaza con agravar aún más el panorama productivo en la provincia.

A través de un documento firmado por funcionarias del Ministerio de Trabajo y Empleo y del Ministerio de Producción y Ambiente, la administración provincial cuestionó en términos contundentes la “reiterada inasistencia” de muchas empresas a las mesas de diálogo convocadas en instancias institucionales. Además, reprochó la ausencia total de propuestas concretas para enfrentar la emergencia que vive el régimen industrial fueguino, eje de desarrollo económico y social en el territorio.

El Gobierno advirtió que la postura evidenciada por las cámaras empresariales no se limita a una cuestión simbólica o de formas: la negativa a compartir información clave sobre estructuras de costos, márgenes, precios de venta al consumidor y proyecciones de producción representa, según lo expresado, un “obstáculo gravísimo” para cualquier intento de encarar una discusión transparente y responsable.

"Se ha solicitado en reiteradas oportunidades que el sector aporte datos objetivos que permitan comprender el funcionamiento completo de la cadena de valor. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido ni una sola propuesta técnica o estratégica por parte del empresariado", indica la nota oficial, agregando que esta actitud se considera una falta de respeto hacia quienes participan activamente del diálogo con seriedad y compromiso.

En paralelo, desde el Ejecutivo fueguino se remarcó que los tributos locales tienen una incidencia ínfima en el precio final de los productos y que esa información fue presentada con datos verificables en cada encuentro. En ese sentido, el Gobierno considera inadmisible que se pretenda responsabilizar a la administración provincial por el impacto económico que genera una medida dispuesta por el Gobierno Nacional.

A esta altura del conflicto, la gestión provincial sostiene que la falta de propuestas por parte de las empresas “daña la posibilidad de avanzar en soluciones reales, debilita el espacio de diálogo como herramienta legítima y refuerza la percepción de que se privilegian intereses unilaterales por sobre el interés colectivo”.

Por ello, el Gobierno fueguino exigió que en la próxima reunión formal el sector empresario se presente con información concreta y verificable, esquemas de costos transparentes y propuestas alternativas que ayuden a sostener el empleo y la producción en la isla una vez que entre plenamente en vigencia el Decreto 333.

“La especulación, el silencio o la retirada encubierta no son aceptables. El momento exige altura, presencia y compromiso”, concluye el texto, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la defensa de los puestos de trabajo, la soberanía productiva y el derecho de las comunidades fueguinas a no ser tratadas como variables de ajuste ante decisiones adoptadas sin contemplar el impacto local.

La carta, con tono firme, expone una creciente tensión entre el Gobierno y el sector privado, en un contexto donde el futuro del régimen industrial fueguino está en juego. La próxima reunión será clave para definir si el empresariado responde a la convocatoria con el compromiso que la Provincia reclama.